Es necesario que se revisen verdaderamente a fondo las políticas y estrategias en materia de seguridad pública, porque no se puede gobernar un país sólo con el Código Penal en la mano, afirmó Sergio García Ramírez, penalista y ex procurador general de la República.

En entrevista con La Jornada durante la imposición de los doctorados honoris causa al jurista italiano Luigi Ferrajoli y la magistrada Elvia Díaz de León, en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, el ex integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos indicó que lo que sucede en México es grave, ya que tenemos un incremento desmesurado de una delincuencia cada vez más agresiva, cada vez más violenta y que ha desafiado a las instituciones.

Señaló que “si bien existe un buen esfuerzo en muchas instituciones públicas para contener esa delincuencia y se han aprobado reformas legislativas en materia de seguridad pública y del ámbito penal, algunas tienen partes bondadosas y progresivas, pero también cuestiones regresivas, tiránicas y reductoras de garantías.

“No quiero ni siquiera insinuar que lo que se ha hecho esté mal globalmente, pero valdría la pena hacer una gran reconsideración de cómo estamos, porque las reformas del año 2008 pretendieron salir al paso de las deficiencias en materia de seguridad pública y en materia de justicia penal.

“Era necesario hacerlo, pero no fue conveniente cómo se hicieron, ya que por una parte mejoramos el procedimiento penal teóricamente y vamos a ver cómo se aplica en la realidad. Pero también se estableció un sistema de excepción con garantías muy reducidas, lo que es sumamente peligroso para el estado de derecho.

“El propósito era digno: enfrentar a la delincuencia organizada, pero la forma de hacerlo es muy arriesgada, muy peligrosa, ya que es enfrentarla con poderes excepcionales, con reducción de garantías y con otros métodos que no son propios de un Estado democrático.

“Se impone una revisión de lo hecho, una reforma de la reforma en la parte negativa, lo que sucede en Ciudad Juárez, Chihuahua, es la muestra de una realidad que vive el país, ya que allí se había hecho una gran concentración de fuerzas y es la mejor demostración de que existen deficiencias en las políticas adoptadas y que tenemos necesidad de revisarlas a fondo, que se debe confiar más en proyectos y programas de carácter social y no solamente en el instrumento penal.

No se puede gobernar a un país con el Código Penal en la mano, hay que hacerlo con medidas de carácter económico, social y cultural, además de la herramienta penal, concluyó el ex procurador García Ramírez.