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13 de febrero de 2010 Número 29 Directora General: CARMEN LIRA SAADE |
Despertar la conciencia ética en producción
y consumo de alimentos
Lourdes Edith Rudiño
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Ellos son los miembros de Slow Food, el movimiento de “comida lenta” que nació en 1986 en Italia como contrapropuesta de los Mc Donald’s y demás establecimientos donde se sirve rápido, se come rápido y se va uno rápido, y donde todo es estandarizado.
Uno de esos cien mil es Raúl Hernández Garciadiego, director de la asociación civil Alternativas y Procesos de Participación Social, con sede en Tehuacán, Puebla, la cual en 2002 recibió de Slow Food un reconocimiento por su protección a la biodiversidad.
Dice él: “la gran diferencia entre las denominaciones de origen y Slow Food, que no son excluyentes, es que la primera está vinculada a lo legal, para que se proteja jurídicamente lo que se puede producir en un territorio específico y en ningún otro lugar, mientras que en nuestro movimiento lo que importa es lo ético. Queremos despertar la conciencia ética de todos los participantes de la cadena (agroalimentaria), desde el productor, que tiene que ofrecer una calidad muy cuidada hasta el consumidor, que con sus centavitos permite que esa producción sea viable, y así se da un enfoque de relación ética entre personas”.
Slow Food, con sede en Bra, Italia, surgió primero con un grupo de gastrónomos que gustaban de reunirse para comer y compartir su amistad. “De pronto –relata el entrevistado– comenzaron a distinguir quesos, por ejemplo mozzarella, que aparentemente debían ser iguales y que sin embargo presentaban diferencias en su sabor. Decidieron visitar los territorios de los cuales provenía cada alimento y, hablando con los productores, descubrieron que aunque la forma de preparar un queso de cabra puede ser semejante en muchos lugares, las peculiaridades de las hierbas, del clima, de los modos humanos de manejar los insumos, generaban diferencias. Consideraron entonces: ‘ya no basta decir que tal queso es de Liguria, sino que necesitamos decir que es de tal o cual pueblito’.Esto es una valorización de lo pequeño (...) y dijeron ‘si queremos preservar un alimento, lo tenemos que fortalecer, darle vida a los productores que han sabido conservar y enriquecer sus tradiciones durante tantos años’”.
Esta experiencia provocó que Slow Food pasara de ser un movimiento gastronómico cualquiera a uno autobautizado “ecogastronómico”. Y esta agrupación ha ido cristalizando ciertos conceptos guía: uno de ellos es “el arca del gusto” en la cual colocan alimentos valiosos que “deben ser salvados del diluvio de la comida rápida”. Así, el movimiento ha generado documentación valiosa sobre la forma de cultivo de muchos alimentos correspondientes a ciertos territorios, donde identifican las diferencias respecto de los territorios vecinos e identifican sus peculiaridades, para ir a contracorriente de la estandarización globalizadora.
Otro concepto es el de los baluartes para los cuales Slow Food establece acciones orientadas a fortalecer el modo de producción de los pequeños productores en cada uno de los lugares. En Italia tienen más de 200 baluartes activos. En el caso de México, son baluartes el amaranto de Tehuacán, el mezquite tostado de los indígenas seris, la vainilla de Chinantla, Oaxaca, y el cacao de la Chontalpa, en Tabasco, dice Raúl Hernández, quien es parte del Consejo Internacional de Slow Food.
Para los baluartes lo que se hace es documentar el modo de producción de los productores de cada región. “Hacen un protocolo y determinan con precisión los objetivos de calidad, pues no se trata de producir más kilos sino que el producto sea bueno”.
El movimiento internacional fortalece a los productores de los baluartes mediante la difusión o enlace con nuevos pequeños mercados cercanos y locales con la intención de hacer viables los modos de cultivo, pues éstos son los que hacen viables los modos de vida de las familias y de los pueblos.
Para esto hay dos complementos: uno que se llama “mercados de la tierra”, que fomenta en los pueblos la relación entre los productores y personas encargadas de las compras, ya sea de restaurantes o de familias, y en el intercambio se reconoce la calidad especial del alimento y se reconoce que corresponde a la cultura y a la dieta locales. En este rubro se realza la importancia de que los alimentos sean buenos y limpios y el comercio sea justo. Y el segundo complemento son “las comunidades de alimento”. Esto significa involucrar a los participantes de toda la cadena a ser copartícipes de la viabilidad de cada alimento en su localidad, y aquí se incluye a los cocineros; las universidades que tienen alguna disciplina relacionada con la alimentación, la nutrición o la antropología, y a los consumidores, que deben concebirse a sí mismos como coproductores, pues gracias a su decisión de consumir tal alimento en particular hacen viable toda la cadena.
Raúl Hernández comenta que el movimiento cuenta con mil 229 socios mexicanos, de los cuales mil 16 son productores del amaranto de Tehuacán. Señala que Slow Food busca que los alimentos locales, identificados con pueblos específicos, con tradición y cultura, no sean arrasados por las tendencias de comida rápida, pero tampoco por la visión reduccionista que manifiesta mucha gente en puestos de poder público, de buscar la eficiencia productiva, ya sea con transgénicos o con la identificación y selección de las variedades o las razas más productivas. “Como si la decisión lógica fuera tirar a la basura toda la diversidad de razas que tenemos por ejemplo en el maíz”.
Acciones colectivas: última llamada
Daniel Gershenson
En estos días México parece navegar sin brújula ni destino conocido. En graves apuros económicos: entre enconos diversos y convulsiones criminales, una población sometida a las veleidades de la clase política más arrogante y sorda a sus reclamos, camina a tientas hacia el futuro. Con algunas excepciones.
Año 2010: Fecha emblemática que inicia con muchas interrogantes, pero también con la posibilidad de que se superen atrasos en temas de interés público que a todos nos atañen. La buena noticia es que ya existe un proyecto (aprobado unánimemente por el Senado, el diez de diciembre), que podría ayudar a revertir rezagos y restituir equilibrios extraviados, y que debe aprobarse pronto –si acaso las distintas fracciones parlamentarias deponen sus armas y deciden actuar con un mínimo de responsabilidad y compromiso.
Derechos sobreentendidos en otros países latinoamericanos desde hace décadas eran motivo de discusiones bizantinas en el nuestro. Y una izquierda que por tradición defiende a capa y espada a grupos vulnerables que son los principales beneficiarios de instrumentos jurídicos colectivos tal y como se utilizan en Brasil, Argentina, Colombia, Costa Rica, El Salvador o cualquier otra nación que se respete, continuaban viendo su aplicación por estas tierras con dudas y escepticismo. Hasta ahora.
Vivir en México en nuestros tiempos es estar condenados a una especie de extranjería selectiva, si uno se ocupa de la defensa del medio ambiente, los derechos humanos, o cualquier otra causa en donde la afectación a gran escala por parte de gobiernos o proveedores públicos o privados, sea la norma.
El reforzamiento de derechos económicos, sociales y culturales era una simple aspiración porque la sociedad civil, esa gran ausente, nunca fue tomada en cuenta a la hora de las decisiones estratégicas. Son las cúpulas las que siguen pronunciándose, en su nombre y representación, a lo largo de nuestra historia. Los reacomodos políticos actuales sólo sirven para agudizar el contraste entre el exceso retórico y una realidad que nos asfixia.
La saga del proyecto de Acciones Colectivas promovido desde 2006 por organizaciones no gubernamentales, académicos, especialistas, figuras públicas y ciudadanos desafiliados constituye un caso paradigmático que pone de relieve la distancia que falta por recorrer para que México sea más una democracia funcional (en toda la extensión de la palabra) y menos un armatoste caro, vistoso y de muy baja calidad.
La acción de grupo (o Class Action, como se le conoce en países anglosajones), es una herramienta jurídica que permite a una colectividad la obtención de resarcimientos por prácticas que le afecten directamente en su economía, salud, equilibrio ecológico, calidad y precio en el servicio, u otros factores en donde nuestra actual indefensión justifica múltiples abusos y perpetua la impunidad.
Constituye la única o mejor manera de modificar comportamientos de autoridades acostumbradas a actuar sin considerar las consecuencias, en todos los ámbitos, a favor del bien común. Faculta a grupos aislados o asociaciones civiles para que recurran directamente al Poder Judicial, y para que contemos finalmente con un instrumento disuasorio de probada eficacia en entornos similares al nuestro.
Los Procesos Colectivos en México estuvieron a punto de naufragar en abril del 2009, gracias a la acción concertada de empresarios inescrupulosos y autoridades cómplices, quienes lograron que los diputados de la anterior Legislatura votaran a favor un adefesio que no satisfizo a nadie, porque ahondaba aún más los abusos y excluía la participación ciudadana. Por fortuna, esta contrahechura fue rechazada por los senadores de todos los partidos, quienes revivieron la propuesta en sus términos originales.
También en la pasada Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), se quedó en la orilla una versión local de nuestro proyecto, a pesar de que ya había sido dictaminada en comisiones y estaba lista para debatirse en el pleno. Aquí prevalecieron los mismos actores que quisieran que conserváramos a perpetuidad una ficticia minoría de edad. Sin embargo, el dictamen podría ser sometido a consideración de la nueva ALDF en cualquier momento. Esperamos que impere una lectura generosa y de largo plazo, y que la iniciativa se vote en consecuencia.
Nuestro esquema de Acciones Colectivas abreva de las mejores prácticas latinoamericanas y mundiales. Busca emparejar una relación totalmente sesgada a favor de intereses que sólo buscan su beneficio inmediato, ante la falta de mecanismos de defensa que puedan devolverle a la sociedad el papel central que debió asumir siempre, y que garantizará su efectiva emancipación en cuanto éstos existan en México.
La gran interrogante para 2010 consiste en saber si estamos dispuestos a tolerar la simulación, en donde las aspiraciones de millones de personas se postergan indefinidamente, o si nuestros políticos hacen lo correcto y por fin se esmeran en recuperar el tiempo perdido. La aprobación inminente de una reforma constitucional que promueva las Acciones Colectivas, y la consecuente adopción de un sistema procesal que garantice el acceso a la justicia para todos nosotros, confirmará que –ahora sí, y respetando diferencias– la democracia mexicana llegó para quedarse.
Presidente de ALCONSUMIDOR, AC www.alconsumidor.org Twitter: @alconsumidor
 FOTO: Jesuitas en la Sierra |
Ricardo Robles y los Rarámuris
Alfredo Zepeda González
En diciembre pasado La Jornada del Campo recogió la memoria de Efraín Hernández Xolocotzin, un hombre que miró al campo con una mirada global, convertida en acción de toda la vida. No sólo cumplió con una profesión de agrónomo y fitotecnista. Más bien sintonizó su vida con la de los campesinos que nos regalan la herencia viva de un campo que es necesario conocer y cuidar.
El 4 de enero nos dejó Ricardo Robles, le decíamos El Ronco, un jesuita cuya vida se fue entrelazando con la de los rarámuri, luego con los tzeltales, los mixes, los ódame, los wiraritari los tzotziles y con otros pueblos originarios de nuestro país, los que guardan para la humanidad el mundo todo y sus montañas, ayudando todavía al Dios a cuidarlo como una casa viva para todos. Ricardo, como el maestro Xolo, nos deja una memoria y una lección: acompañar largamente y aprender de los campesinos y los indígenas es el mejor modo de entender y mostrar que otro mundo es posible en medio del neoliberalismo salvaje.
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Ricardo decía que vida no pregunta. Nació en desierto biodiverso de San Luis Potosí. Luego entró en el mundo de la especialización occidental, de la arquitectura y del diseño, de la poesía y del humanismo. En el convento jesuita todavía le tocó formar parte de los últimos que en los años 60s hablaron el latín como una lengua viva. Parecía hecho para otros andares. Pero la vida que no pregunta lo envió a las montañas de la orilla, por los abismos de la Barranca del Cobre en Chihuahua, con los rarámuri para quienes esos parajes solemnes son el centro del mundo.
Aceptó Ricardo Robles ese giro radical de vida por el año de 1963, cuando un movimiento crítico de cambio recorría el mundo, envolviéndolo todo con aires inéditos. El Concilio Vaticano de la Iglesia se iniciaba con la consigna del papa Juan: abrir las ventanas de los conventos para que entrara el viento del espíritu que soplaba impredecible.
Es el tiempo del asalto al cuartel de Madera el 23 de septiembre de 1965, en el mismo estado de Chihuahua, dado por el grupo que conformó la Liga Comunista 23 de Septiembre. Al poco tiempo el movimiento estudiantil en Francia proclamó la llegada de la imaginación al poder, mientras otro semejante surgía en México para dejar su herencia, más allá de la represión despiadada del gobierno de Díaz Ordaz el 2 de octubre del 68. Por esos días apareció la estirpe de Sergio Méndez Arceo, Bartolomé Carrasco, Arturo Lona y Samuel Ruiz, quien acaba de celebrar 50 años como obispo de San Cristóbal de las Casas, rodeados de muchos que sintonizaron en la teología de la liberación, que postulaba la primacía de la praxis desde la opción con los pobres de este mundo, como punto de partida para la transformación de la sociedad.
Ricardo Robles fue uno de ellos. Al lado del obispo jesuita José Llaguno y de otros compañeros, cuestionaron los valores occidentales para acercarse a la cosmovisión rarámuri. Y la gente de este pueblo los convirtió, de portadores de una doctrina, en discípulos. De bienhechores, se tornaron amigos de los hombres y mujeres de la sierra Tarahumara, unidos como compañeros a su resistencia secular en defensa de la libertad y la autonomía.
En estas rupturas de pensamiento y tareas, los jesuitas de la Tarahumara se conectaban con la tradición de los jesuitas Eusebio Kino y Juan María Salvatierra, llegados de Italia para remontarse en las Californias hacia el siglo XVIII. Éstos desarrollaron tareas más laicas que clericales en perpetuo cuestionamiento del sentido de su estancia entre los pimas. Asumieron también el desafío del desconcierto, con el sentimiento indescifrable de asentarse entre dos proyectos contradictorios, el de los pueblos indígenas y el de los colonizadores. El jesuita alsaciano Jacobo Baegert, el que se fue a vivir a la frontera de los guaycuras, repetía que el cristianismo importado no tenía sentido sin más, si no se admitía otra manera distinta de ser cristiano, la de los indios de Baja California.
Ricardo Robles entendió su vida en el interior de las comunidades como un acompañamiento, en el continuo asombro ante la sabiduría indígena que no concibe al hombre frente a la naturaleza, sino como parte de ésta. Quince años en la comunidad de Pawichiki le confirmaron que la realidad se ve más clara desde las chozas y las milpas que desde los palacios. Y así fueron brotando amistades de por vida con muchos compañeros de los pueblos, con Memo Palma, con Pedro Turiséachi, con Pancho Palma, con Adelfo Regino, presentes con El Ronco para despedirlo con danza en la Catedral de Sisoguichi.
El movimiento indígena reciente comenzó a agitarse hacia 1989, en las vísperas de los 500 años de la invasión europea. Ricardo acompañó al pueblo rarámuri en esta nueva toma de conciencia que reivindicó a los pueblos indígenas como sujetos de la historia y no como objetos de colonización. Otros jesuitas confluimos allí, siguiendo los pasos de los pueblos desde otros montes y cañadas con los otomíes y los nahuas del norte de Veracruz, con los tzeltales y los choles del norte de Chiapas y con los mixes de Oaxaca.
Dicen que los pueblos indígenas nunca han planteado caminar solos, más bien siempre aceptado la alianza con otras personas y movimientos, sin perder en ella su propia estrategia. Una nueva oportunidad de acompañamiento se presentó en 1994 con la rebelión del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Ricardo Robles fue invitado a participar en los Diálogos de San Andrés Sacamchén, junto con compañeros rarámuri y otros jesuitas, como lo fueron cientos de activistas, académicos e indígenas del campo y la ciudad. Fue una experiencia inédita de diálogo intercultural e interdisciplinario, cuyo fruto fueron los Acuerdos de San Andrés.
De esos diálogos y foros en Chiapas surgió un nuevo lenguaje y un nuevo pensamiento. El modo de vida de los pueblos indígenas cuestionó para siempre los conceptos de la sociedad tecnológica. La cosmovisión de los pueblos sigue aportando radicalmente, por ejemplo, al movimiento ecológico. Tal vez no se expresa en los razonamientos de la academia, sino en la fiesta, en los ritos de mil años y en las historias secretas que platican las comunidades en el atardecer de las montañas. Ellos son los maestros de la conservación y de la biodiversidad de nuestro planeta. Con ese alimento se nutrió Ricardo Robles hasta que el Dios de los rarámuri vino por él sin aviso previo, en el cenit del día y en el amanecer del año.
El legado de Ricardo Robles con los rarámuri, como el del maestro Xolo, corresponde a una época privilegiada que ellos y otros miles encarnaron. Allí sigue fluyendo esa herencia como un río subterráneo en estos tiempos pastosos y complicados. Para que cuando terminen los años de la depredación, la humanidad pueda saber cómo se vive la vida desde abajo, desde la de los hombres de maíz y de las mujeres verdaderas.
 FOTO: Falk Lademann |
Candelaria, Campeche
Resistencia comunitaria a
los altos cobros por la luz
Norma Iris Cacho y Mauricio González
Es de sobra conocido que la generación y distribución de energía eléctrica tiene altos costos; el Sindicato Mexicano de Electricistas lo ha denunciado. Pero nada justifica que, a lo largo y ancho del país, se reproduzcan los excesivos cobros que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) hacía a Luz y Fuerza del Centro. Recibos que alcanzan bochornosas sumas como la de 32 mil pesos para una familia pescadora de Laguna de Términos o hasta 70 mil para un ejido candelillero del semidesierto chihuahuense.
Oídos sordos y silente respuesta fue la constante que adoptaron los funcionarios de la CFE. Ante a ello, consecuente con el oficio insurrecto de los excluidos, surgió el Frente Nacional de Resistencia contra las Altas Tarifas de la Energía Eléctrica, que articula la inconformidad acumulada en estados como Chihuahua, Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, así como el Distrito Federal, y que tiene entre sus más ejemplares promotores al Movimiento Civil al No Pago a las Altas Tarifas Eléctricas de Candelaria, Campeche. Este Frente une comunidades y organizaciones de muy diversa índole; algunas de ellas sólo buscan la reducción de las tarifas, mientras que otras promueven el no pago de la energía eléctrica como una medida que se sume a la presión política para el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés. No obstante, ambas posiciones convergen en un eje aglutinante: la no privatización de la energía eléctrica.
A la voz de ¡La energía es del pueblo y debe estar en manos del pueblo!, oponen una férrea resistencia a los intereses trasnacionales sobre el sector energético. No obstante, el cuestionamiento frontal a la política de la CFE tuvo un precio. El 10 de julio de 2009, hace ya más de siete meses, la respuesta del Estado se concretó en la detención y auto de formal prisión, en el Centro de Rehabilitación Social de San Francisco Kobén, a cinco pobladores de Candelaria. El delito que se les imputó fue el impedimento u obstrucción de obra o servicio público, enrarecido, como la contrainsurgencia acostumbra, por otros más como el de privación ilegal de la libertad por la presunta detención de un funcionario de la CFE. Asimismo, fueron expedidas 28 órdenes de aprehensión para integrantes del Frente por el presunto delito de “robo a la riqueza de la nación”.
La indignación popular no se dejó esperar, pues el absurdo era que se luchaba por lo bienes de la nación. Si la electricidad es un bien nacional y la nación está conformada por las mujeres y los hombres que le dan cuerpo, nación constituida por el pueblo y no por los aparatos del Estado, como la CFE, es inconcebible, reprochable e inadmisible que la nación se robe a la nación.
No obstante, gracias a la movilización social y a la acción de abogados solidarios, el 24 de septiembre fueron liberados Élmer Castellanos y Guadalupe Lizcano, aún en proceso, y permanecieron en prisión Sara López, Joaquín Aguilar y Guadalupe Borjas. Así, se interpuso un juicio de amparo frente al Tribunal Unitario de Circuito de Mérida, el cual notificó su resolución el ocho de enero de 2010. El magistrado resolvió que “no se acreditan ninguno de los dos delitos por los que se dictó el auto de formal prisión atacado” y ordenó al juez segundo de distrito con sede en Campeche que “se sirva a reclasificar el delito bajo el que se dictó el auto de formal prisión o en su caso de no poder hacerlo por no modificar los hechos, se sirva a dictar el auto de libertad correspondiente”, lo cual hasta el momento no ha sucedido. Esto ha sido denunciado por el propio Frente en diferentes estados del país, mas la reacción de la CFE ha sido intimidar a los manifestantes y ha iniciado querellas en contra de miembros de la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP), parte del comité de apoyo a los presos de Candelaria. Una criminalización de clase mundial.
La lucha social no es espontánea. La pobreza que sufre la gran mayoría de las personas a causa del sistema económico actual les impone la paradoja de “la bolsa o la vida”, y las lanza a la calle en busca de condiciones más justas de vida, pues la bolsa ya ha sido saqueada por las élites económicas del país. La lucha social es por la vida; su represión, el delito.
En una carta de agosto de 2009 los compañeros de Candelaria expresaron: “Ahora más que nunca sentimos el apoyo de miles de hermanos y hermanas a lo largo de nuestro país y otros países que se han solidarizado a esta gran lucha. Nosotros nos sentimos fortalecidos porque sabemos que estamos haciendo lo correcto por el bien de nuestros pueblos”. Cada vez más, en las esquinas y los centros, la desobediencia civil pacífica toma mayor consistencia, la indignación frente a la injusticia hace camino. La liberación de los presos políticos y la cancelación de todos los procesos en contra de luchadores sociales son inaplazables.