Apuesta de la “alianza clasista” que campesinos y trabajadores influyan en las políticas públicas

Buscan negociación para orientar presupuesto y financiamiento rural

Lourdes Edith Rudiño

La Confederación Nacional Campesina (CNC) aspira que al cierre de abril próximo la llamada “alianza clasista” –la cual se movilizó con cien mil personas en la Ciudad de México el 29 de enero— establezca junto con el gobierno federal y otros actores un “acuerdo nacional” para enfrentar la crisis económica y social que vive el país, principalmente por la carestía, el desempleo y los bajos salarios, así como por la pobreza creciente concentrada en el medio rural.

Cruz López Aguilar, presidente de la Confederación Nacional Campesina (CNC), afirmó que luego de la marcha realizada por tal alianza –cuyo nombre formal es Movimiento por la Soberanía Nacional, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas— se ha observado una actitud de apertura en la Secretaría de Gobernación (Segob), no obstante el encono y enfrentamiento entre el gobierno federal, vía el secretario del Trabajo, Javier Lozano, y el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), actor éste fundamental en la marcha y también en las negociaciones que se avizoran con la Segob.

El entrevistado, también presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, señaló que la carestía golpea duramente a la población, en particular a los de zonas marginadas, “donde tenemos incrementos de hasta 50 por ciento en la canasta básica entre fines del año pasado y principios de 2010”, y de no haber una respuesta por medio de políticas públicas, “la situación podría traducirse en inconformidades (...) y en un año tan emblemático como éste, en expresiones de otra naturaleza, no precisamente por vía de la democracia”.

Por ello es urgente que la sociedad –campesinos, trabajadores y organizaciones civiles— firmen un acuerdo nacional con el gobierno, lo cual implicaría un ejercicio similar al que condujo al Acuerdo Nacional para el Campo (ANC), signado en abril de 2003 por el gobierno federal, el grueso de las organizaciones campesinas, el Congreso de la Unión y 27 gobernadores. Ahora es importante que el pacto atienda no sólo el interés de los campesinos y de los trabajadores agrícolas, sino también a los trabajadores de la ciudad, en general a las clases populares, y a las organizaciones pro derechos humanos, dijo.

El acuerdo nacional previsto deberá ser plataforma para la elaboración de políticas públicas con la participación de la sociedad, “tal como ocurre en las mayoría de los países desarrollados”.

El tres de febrero los líderes de la “alianza clasista” –que involucra a diversas organizaciones campesinas, a la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y al Frente Sindical Mexicano (FSM) que es encabezado por el SME— se reunieron con el titular de la Segob, Fernando Gómez Mont, y allí Cruz López le explicó que el problema que tenemos en México de enfrentamientos y pocos acuerdos entre el Ejecutivo y el Legislativo se deben a que las propuestas o iniciativas se hacen sin el consenso previo –“no provienen de un consejo económico social”— y esto podría cambiar, “si (las propuestas) fueran previamente planchadas, algo elemental”. Por eso es necesario construir políticas públicas de manera conjunta, con el aval de la sociedad.

Y para ello el Movimiento ofrece su representatividad social: a él pertenecen los 84 diputados federales de la CNC más 12 de otras organizaciones campesinas, a la UNT y otros que han visto que el movimiento campesino nacional ha conseguido buenos resultados, por ejemplo el incremento en la Cámara baja de los presupuestos federales para el campo.

“Desestimar tal fuerza (de la alianza clasista) sería un error, ignorarla demostraría insensibilidad política y social, pues somos representantes populares y tenemos tribuna para defender a nuestros representados”, es una frase que pronunció Cruz López el 29 de enero en la marcha en la ciudad de México, la cual fue del Ángel de la Independencia al Zócalo.

La alianza clasista y Gobernación convinieron establecer mesas de negociación que habrán de trabajar en las próximas semanas con una agenda de 56 puntos. Una de estas mesas es para temas campesinos, otra para laborales –donde se promoverán incrementos a los salarios, a niveles suficientes para responder al encarecimiento de la vida— y una pare derechos humanos y libertades democráticas. Habrá una específica para el SME, para atender la situación de 19 mil 500 trabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro que no han cobrado liquidación.

En el caso de los temas campesinos, Cruz López afirmó que los puntos prioritarios que se plantearán en la mesa de negociación son: “demandamos la puntualidad en el ejercicio del presupuesto rural y sobre todo (ajustes en) las reglas de operación que inciden en complicarlo o facilitarlo”; también que el financiamiento de la banca de desarrollo fluya hacia los campesinos de menores recursos.

Y también el respeto al Acuerdo Nacional para el Campo, que está vigente, “en particular seguir profundizando en una premisa fundamental, la equidad entre el campo y la ciudad, para lo cual las instancias participantes en el Presupuesto Especial Concurrente para el Desarrollo Rural (PEC) deben hacer realmente concurrente la llegada de recursos al campo, por ejemplo hacer que coincida la infraestructura social básica de la Secretaría de Desarrollo Social con todos los programas de generación de empleo de las secretarías de Reforma Agraria, Medio Ambiente, Agricultura y Economía.

En lo relativo al financiamiento, “una de las cosas en que más vamos a insistir es que la banca de desarrollo participe a la hora que hagamos una negociación de un proyecto (de inversión) que requiera aportación de los productores”. Que tal aportación sea hecha en automático con recursos de la banca mencionada, puesta en forma de crédito. “Pues no vemos otra manera para que los programas (de subsidios públicos) aterricen en los que menos tienen”.

En cuanto al presupuesto para el campo, Cruz López señaló que desde antes de la marcha –y en buena parte gracias a la salida de Alberto Cárdenas Jiménez de la Secretaría de Agricultura– se han facilitado negociaciones y acuerdos, por ejemplo la eliminación en las reglas de operación del Comité Técnico Nacional (Coten), que era una instancia de centralización de las decisiones del ejercicio de recursos, el cual fue creado por Cárdenas y “estaba integrado por él y su pandilla”. Y también se han acordado algunos lineamientos para adecuar las reglas de operación a las realidades de las entidades federativas y de las regiones.

Pero las reglas de operación van a estar dentro de las negociaciones con la Segob, pues es algo que permanentemente debe estarse actualizando.

El entrevistado comentó que además de los temas prioritarios, la agenda campesina de negociación comprende asuntos de salud animal, normas mexicanas y normas oficiales (de calidad) de los alimentos, “pues hay algunas que nos están afectando”; también “traemos el tema de fortalecimiento de los instrumentos financieros” y asuntos relacionados con el desarrollo de empresas en el Fondo Nacional de Empresas de Solidaridad (Fonaes).