El Ministerio Público Federal ejercitó acción penal contra siete presuntos integrantes del cártel de Los Zetas, en los municipios tamaulipecos de Matamoros, Ciudad Victoria, Tampico y Madero. Seis acusados se dedicaban a secuestrar empresarios, por cuya liberación exigían bienes muebles o inmuebles. Los respectivos derechos de propiedad eran legalizados después ante notarios públicos.

La Procuraduría General de la República (PGR) dio a conocer mediante un comunicado de prensa que el juzgado tercero de distrito en materia penal, con sede en Toluca, estado de México, libró orden de aprehensión contra Tomás Ochoa Celis, con el fin de que sea juzgado como responsable de los delitos de delincuencia organizada, contra la salud, portación de arma de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Ochoa Celis fue detenido el pasado 10 de diciembre por agentes federales en Matamoros, cuando viajaba en un vehículo en el que transportaba un arma larga, dos cargadores con 51 cartuchos, una granada de fragmentación, ocho teléfonos celulares y dos radios de comunicación, así como un chaleco antibalas, según las autoridades federales.

Formaba parte del cártel de Los Zetas desde 2004 y su función era introducir a México cocaína procedente de Guatemala y enviarla a Reynosa, Tamaulipas, para que posteriormente fuera trasladada a Estados Unidos.

En otra acción, el juzgado segundo de distrito en materia penal con sede en Tamaulipas libró orden de aprehensión contra Vicente Alberto Saldaña del Ángel, Manuel Casanova Gutiérrez, Lino Romo Gómez, Sergio Maldonado Salinas y Jesús Manuel Meraz Arellano por probable responsabilidad en delitos de delincuencia organizada y secuestro en agravio de 13 personas.

Presuntamente, los indiciados pedían como rescate por sus víctimas dinero en efectivo o propiedades como casas, bodegas, vehículos y barcos, cuyos derechos, tras ser cedidos, eran protocolizados en notarías públicas o eran reconocidos como adeudos.