El pleno de la Cámara de Diputados ordenó a la mesa directiva que solicite al gobierno federal el detalle de los subejercicios presupuestales en las secretarías de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gobernación (Segob), Salud (Ssa), Seguridad Pública (SSP) y en la Procuraduría General de la República (PGR), con un monto de 27 mil 601 millones de pesos.

Pablo Escudero, presidente de la Comisión de la Función Pública en San Lázaro, presentó el punto de acuerdo en tribuna y añadió a su petición la urgencia de citar a comparecer a los funcionarios que encabezan esas dependencias del Ejecutivo por su manifiesta actitud negligente y omisa y en caso de constituirse una responsabilidad, inhabilitarlos.

Estas dependencias federales tienen un subejercicio de 27 mil 600 millones de pesos. ¿Qué sucede en el gobierno federal que no es capaz ni siquiera de ejercer los recursos en los programas prioritarios para este país? No podemos permitir la existencia de los subejercicios presupuestales. Por un lado, la ciudadanía resiente el aumento en el cobro de más impuestos, por el otro lado, atestigua cómo el gasto público es ejercido de manera incompleta e irresponsable.

Con ironía recordó que el año pasado, Felipe Calderón propuso un plan anticíclico para enfrentar la crisis económica y sus funcionarios actúan con incongruencia e irresponsabilidad. De tal forma expuso que los titulares de la SCT, Juan Molinar; PGR, Arturo Chávez Chávez; Salud, José Ángel Córdova; Segob, Fernando Gómez, y de Genaro García Luna, de la SSP, están obligados a comparecer ante el Congreso.

El desglose de los subejercicios es el siguiente: Segob mil 657 millones de pesos, Comunicaciones y Transportes 11 mil 332 millones, Salud 9 mil 949 millones, PGR mil 463 millones y Seguridad Pública 3 mil 199 millones de pesos.

En la misma sesión el pleno recibió en primera lectura el dictamen de reforma al artículo 40 de la Constitución, en el que se propone adicionar que la República Mexicana además de democrática y representativa es laica.

Sobre el particular, Alejandro Encinas, coordinador de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD) negó que la laicidad contenga una visión antirreligiosa. Ya existía. No es algo nuevo, pero es una reforma que viene a fortalecer este carácter laico del Estado en nuestro país. Falta, todavía, otro conjunto de reformas. En estos días vamos a presentar una propuesta integral suscrita por grupos parlamentarios del PRD, del Partido del Trabajo (PT) y de Convergencia.

–¿Se le cierra la puerta a las iglesias?

–No. Al contrario. Se fortalece la libertad de credo religioso; se fortalece la libertad de conciencia, de opinar diferente; la libertad de pensar en la filosofía que uno esté convencido, porque la laicidad no implica que se convierta esto en un Estado anticlerical, antirreligioso.

También Emilio Chuayffet expuso que la idea de fondo fortalece la libertad de cultos, de creencia, sin interferencia del Estado. El Estado laico no es Estado antirreligioso. De ninguna manera el Estado puede intervenir en el campo estrictamente reservado a las iglesias. Uno de los grandes precursores del Estado laico en México, el doctor José María Luis Mora, dijo que sería inútil, vano, tratar de hacer leyes que interfirieran entre Dios y las conciencias. La libertad de creencia, la libertad religiosa, es una libertad fundamental en nuestro cuadro de libertades públicas.

En una larga y tediosa sesión, el priísta César Augusto Santiago presentó un punto de acuerdo para que el pleno cite a comparecer al presidente consejero del Instituto Federal Electoral (IFE), Leonardo Valdés Zurita, a efectos de que aporte información sobre el contenido del Libro blanco del instituto y en torno a la aplicación de la reforma electoral de 2007 y posibles adecuaciones jurídicas.

Y mientras Pablo Escudero había solicitado una postura camaral en torno a los subejercicios en el gasto federal, la panista Gabriela Cuevas propuso la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 48 y 49, fracción IV, de la Ley de Coordinación Fiscal y la fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria con la finalidad de transparentar el uso de los recursos federales en los estados.