Miércoles 10 de febrero de 2010, p. 5
Chihuahua, Chih., 9 de febrero. La nueva estrategia integral para atender la crisis de seguridad en Ciudad Juárez deberá estar exenta del ingrediente electoral, señaló el gobernador José Reyes Baeza. Indicó que, en esos términos, existe un acuerdo con el gobierno federal para que los programas de intervención social que se contempla aplicar en la frontera fluyan por medio de la estructura de los tres niveles de gobierno y estén fiscalizados por organismos ciudadanos.
Baeza señaló lo anterior luego de la reunión de trabajo que sostuvo el lunes en Ciudad Juárez con el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont; el alcalde juarense, José Reyes Ferriz, y sectores de la sociedad civil en la frontera, los que exigieron resultados de la nueva estrategia, dirigida principalmente al rescate de los grupos de jóvenes adolescentes que están siendo cooptados por los grupos criminales para realizar actividades ilícitas, como la venta de drogas y la comisión de otros delitos.
Este martes, el gobernador y funcionarios de las áreas de gobierno estatal y municipal sostuvieron una reunión con familiares de los jóvenes asesinados el 31 de enero.
En entrevista con medios de comunicación, Reyes Baeza dijo que durante el encuentro con el titular de Gobernación se le planteó directamente la necesidad de apoyos extraordinarios para Ciudad Juárez, pero además se insistió en la necesidad de la presencia directa de varias áreas del gobierno federal en apoyo a la problemática que se está viviendo.
Juárez requiere un amplio programa de desarrollo social, una política agresiva pero bien articulada entre los tres órdenes de gobierno, que quede blindada ante la coyuntura electoral, y que la sociedad juarense fiscalice la aplicación y destino de los recursos para evitar que alguien quiera llevar agua a su molino con motivo de las elecciones
, dijo el gobernador.
Mientras, en Ciudad Juárez, más de 250 organizaciones defensoras de los derechos humanos publicaron un desplegado a nivel local en el que exigen al presidente de México, al procurador general de la República, al secretario de la Defensa Nacional, al gobernador y al edil, que “cumplan con Juárez y terminen con el horror que han dejado alrededor de 5 mil asesinados en dos años, casos que en su inmensa mayoría están sin esclarecer.
“La inseguridad, la violencia y muerte que provocó la guerra contra el narco aquí ha alcanzado niveles inimaginables. La ciudad del empleo vive ahora sumida en la angustia y el miedo hasta cuando suena el teléfono.”