Miércoles 10 de febrero de 2010, p. 30
Toluca, Méx., 9 de febrero. Los ayuntamientos del estado de México están obligados a invertir al menos 20 por ciento de los recursos del Programa de Apoyo al Gasto de Inversión Municipal (PAGIM) en obras de infraestructura hidráulica para evitar inundaciones y mejorar el suministro de agua potable, señaló el gobierno del estado al publicar hoy en la Gaceta Oficial los montos del tales fondo que corresponden a cada municipio.
Para este año el Congreso local aprobó una partida de mil 700 millones de pesos para el PAGIM, que se distribuirán entre los 125 ayuntamientos con base en una fórmula que considera la densidad demográfica y los niveles de pobreza de cada municipio.
Los más favorecidos fueron Ecatepec y Nezahualcóyotl, que enfrentan una contingencia por inundaciones con aguas negras. Al primero le corresponden 86 millones de pesos y al segundo 59. Le siguen Naucalpan, con 43.5 millones de pesos, y Toluca, con 40 millones 400 mil. Tlalnepantla recibirá 36 millones 600 mil pesos.
El acuerdo que publicó la Secretaría de Finanzas en la Gaceta Oficial señala que los 125 ayuntamientos deberán destinar la quinta parte de la cantidad que reciban a obras de infraestructura hidráulica, distribución de agua potable, drenaje, saneamiento y tratamiento de aguas residuales.
Lo anterior significa que de los mil 700 millones presupuestados se deberán ejercer al menos 340 millones en este tipo de obras.
Alejandro Hinojosa, subsecretario de Planeación y Presupuesto, explicó que a los municipios que no ejerzan los fondos del PAGIM en los términos que estipula la Ley de Egresos del estado de México para este año les descontarán los recursos en el siguiente ejercicio fiscal.
De acuerdo con el funcionario, lo más frecuente es que los gobernantes hagan obras que se vean. Las más eficientes y benéficas son las que no se ven, pero generan menos dividendos políticos
.
Las reglas de operación también obligan a los ayuntamientos a que los recursos del PAGIM se apliquen exclusivamente en obra pública y prohíbe expresamente que se utilicen para gasto corriente, adquisición de vehículos o saneamiento financiero.
La distribución de recursos se realizará en 10 ministraciones que se iniciarán en marzo y concluirán en diciembre.