Con un incremento exponencial en los últimos tres años, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNVB) atiende cada año más de 70 mil requerimientos de información y documentación, así como las órdenes de aseguramiento o bloqueo de cuentas sobre operaciones efectuadas por clientes y usuarios de servicios financieros, informó Pablo Gómez del Campo Gurza, vicepresidente de supervisión de procesos preventivos del organismo.

Tal es el cúmulo de peticiones, que la CNBV se encuentra inmersa en un programa de asistencia técnica del Fondo Monetario Internacional para desarrollar una nueva metodología de supervisión, que le permita concentrar sus esfuerzos de vigilancia en las entidades que representen mayor riesgo en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Gómez del Campo precisó que la CNBV sólo es un enlace entre la autoridad que solicita la información y las entidades financieras que la proporcionan. La comisión supervisa que las entidades cumplan con las disposiciones aplicables en la prevención de esas actividades.

El universo de entidades supervisadas por la CNBV, sujetas a la normatividad de prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, asciende a 400, entre las que figuran: 47 bancos comerciales y de desarrollo, 35 casas de bolsa, 10 casas de cambio, 46 sociedades operadoras de sociedades de inversión, 135 uniones de crédito, 74 entidades de ahorro y crédito popular, 20 almacenes generales de depósito, cinco arrendadoras financieras, dos empresas de factoraje financiero, 22 sociedades financieras de objeto limitado, y cuatro sociedades distribuidoras de acciones de sociedades de inversión.

La mayor parte de los requerimientos de información proviene de las autoridades que participan en la prevención y combate al lavado de dinero, entre las que figuran la Procuraduría General de la República, las procuradurías de justicia de los estados y del Distrito Federal, la Procuraduría General de Justicia Militar, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Tesorería de la Federación, la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública y la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos del Instituto Federal Electoral.

Sólo en el caso de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda el número de requerimientos de información pasó de 90 en 2006 a 800 en 2007, y a más de 3 mil en 2009, ejemplificó. El incremento ha sido exponencial en los últimos tres años y la magnitud actual de los requerimientos demandan un uso intensivo de tecnología, dijo. Informó que para eso se creó el Sistema de Atención de Requerimientos de Autoridades (Siara), con el cual se ha transitado de un proceso manual a uno intensivo en el uso de sistemas automatizados.