n el contexto de su visita a Japón, el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, respaldó la acción de inconstitucionalidad promovida por la Procuraduría General de la República (PGR) contra las modificaciones al Código Civil del Distrito Federal que permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo y les confieren, entre otros, el derecho a la adopción; señaló que la PGR tiene la obligación de velar que todo ordenamiento legal del orden federal o local esté apegado a la Constitución; sostuvo que la Carta Magna habla explícitamente del matrimonio entre el hombre y la mujer, e insistió en que se trata de un debate de índole legal que no tiene ninguna intencionalidad política ni parte de ningún prejuicio.

Los asertos presidenciales quedan en entredicho ante la pobreza argumentativa exhibida por la propia PGR y por la ausencia de consideraciones propiamente legales que sustenten la postura de esa dependencia ante el conjunto de la sociedad. Como han expresado connotados juristas y especialistas diversos en la materia, la reforma que legaliza los matrimonios entre homosexuales en la capital del país es plenamente constitucional, y las oposiciones a ella se basan en concepciones morales más que en criterios jurídicos. Son de particular relevancia, a propósito de lo expresado ayer por Calderón, los señalamientos realizados por Elisur Arteaga, académico de la Escuela Libre de Derecho y de la Universidad Autónoma Metropolitana, quien sostiene que de la Constitución no se desprende modelo alguno de familia o de matrimonio, y que antes bien la definición de tales conceptos es una facultad que corresponde a los congresos de los estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, (ALDF).

Por lo que hace a la pretensión de la propia PGR de presentar su postura como una defensa de los derechos de los menores que vayan a ser adoptados por parejas del mismo sexo, es pertinente referirse al estudio elaborado por los sociólogos Timothy Bilblarz y Judith Stacey, publicado el pasado viernes en la revista Science Daily, en el que se concluye que no hay evidencia de que niños criados por padres del mismo sexo tengan, por ese solo hecho, algún tipo de desventaja o afectación en comparación con los que provienen familias heteroparentales.

Es inevitable percibir, en el empeño del calderonismo por revertir el gran avance social y legislativo que logró esta capital el pasado 21 de diciembre, con la aprobación de las reformas referidas por la ALDF, el desarrollo de una campaña emprendida por los estamentos más conservadores de la sociedad y del gobierno en contra de la ampliación de derechos ciudadanos irrenunciables, como la facultad de decidir sobre el propio cuerpo y los afectos personales: para ello, los integrantes de la reacción histórica se muestran dispuestos a valerse de una serie de recursos y rutas de acción, que van desde la descalificación más burda –como ocurrió con el obispo de Cancún, Pedro Pablo Elizondo, quien dijo que los matrimonios entre homosexuales no tienen madre– hasta el empleo faccioso e inadecuado de las instituciones federales, como ocurre con la controversia impuesta por la PGR contra los matrimonios homosexuales, controversia que, ahora puede verse, obedece a directrices superiores.

En el momento presente el grupo en el poder ha operado una regresión del país al siglo antepasado: mientras uno de los bandos intenta imponer a la población su propia moral estrecha, caduca y pueblerina, y pretende regular, desde las instituciones, la mente, las creencias y las conductas personales de la gente, el otro pugna por el derecho de los ciudadanos a decidir la forma como conduce su existencia, siempre y cuando no se afecten derechos de terceros, en respeto al principio de plena igualdad entre personas, independientemente de su género, identidad, orientación y preferencias sexuales.