El ex procurador de Justicia de Michoacán Miguel García Hurtado y otros 19 ex funcionarios de esa entidad, entre ellos seis alcaldes que aún están en prisión por presuntos vínculos con el narcotráfico, aportarán como prueba en los juicios de amparo que mantienen en trámite en tribunales federales la resolución judicial que ordenó la libertad, el pasado viernes, de 12 ex servidores públicos de ese estado, informaron abogados de los procesados.

Sobre los ex alcaldes y funcionarios excarcelados, los litigantes revelaron que en breve se iniciarán los litigios administrativos necesarios para que regresen a sus puestos, además de que algunos valoran interponer una demanda civil contra la Procuraduría General de la República (PGR) para exigirle una indemnización por concepto de la reparación del daño moral.

Los ex presidentes municipales aún detenidos están a la espera de que juzgados de distrito y tribunales de circuito en el país resuelvan sus demandas de garantías contra el auto de formal prisión, por lo que confían en que la resolución judicial del pasado viernes les pueda servir de prueba en su favor, indicaron los abogados consultados.

El pasado viernes, el tribunal unitario auxiliar de Acapulco, Guerrero, absolvió a cuatro alcaldes, tres funcionarios municipales, dos empleados del gobierno perredista de Leonel Godoy, un juez del fuero común, un policía municipal y un agente policiaco del estado de Michoacán de cargos ligados con delincuencia organizada. Ninguno de los alcaldes liberados pertenece al Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Los ex funcionarios que recuperaron su libertad y valoran la posibilidad de iniciar juicios civiles contra la PGR, son los ex alcaldes Uriel Farías, de Tepalcatepec; José Luis Ávila Franco, de Ciudad Hidalgo; Adán Tafolla, de Tumbiscatío; Antonio González, de Uruapan; Roberto Rubio, ex director de seguridad pública de Tumbiscatío; Abel Salazar, ex síndico de Lázaro Cárdenas; Salvador Dionicio, director de obras públicas en Arteaga; Citlali Fernández, ex secretaria de seguridad pública de Michoacán; Ignacio Mendoza, subprocurador de Justicia del estado; Gabriela Mata, policía ministerial; Baldomero Morales, policía auxiliar, y Jaime Liera, juez del fuero común en Apatzingán.

En prisión aún se encuentran, entre otros, los ex ediles Genaro Guízar Valencia, de Apatzingán; Jairo Germán Rivas Páramo, de Arteaga; Armando Medina Torres, de Mújica; Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela, de Zitácuaro; Mariano Ortega Sánchez, de Lázaro Cárdenas; Mario Romero Tinoco, de La Huacana; Israel Tentori García, ex asesor del gobernador Leonel Godoy Rangel, y Ricardo Rubí Bustamante, ex director de Fomento Industrial de Michoacán.

Denuncian malos tratos

El pasado sábado, el juez local Jaime Liera Álvarez, uno de los ex funcionarios liberados por falta de pruebas luego de ser acusados por presuntos vínculos con el narcotráfico, acusó a las autoridades federales de malos tratos durante su permanencia en prisión.

Fue muy duro, hubo muchas restricciones, mucha incomunicación. Puede ser incluso traumatizante si no se tienen la fortaleza y la capacidad para adaptarse y asimilar esa realidad. A quienes llegan ahí se les considera excesivamente peligrosos y así es el trato que reciben. Hay un sometimiento, un doblegamiento sicológico, y desde un principio se recibe un trato inhumano, destacó el juzgador Liera.