Buenos Aires, 29 de enero. El gobierno argentino ha denunciado ante la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) la venta realizada por la empresa mexicana Corporación Interamericana de Entretenimientos (CIe) de varias radios a una sociedad en la que tiene control el empresario Raúl Moneta, de dudosa trayectoria en tiempos del gobierno de Carlos Menem (1989-1999) y que está en la mira de la justicia.

En la denuncia consta que la transacción viola el artículo 45, inciso 2 de la nueva ley, que limita a dos la cantidad de licencias de modulación por frecuencia (FM) que puede tener una misma persona de existencia visible o ideal ya sea por ser titular o tener participación en las sociedades titulares de licencias de servicios de radiodifusión,

El grupo CIE, señalan aquí ya se encontraba fuera de los parámetros de la nueva ley, porque excedía la cantidad de licencias que ésta prevé por licenciatario.

Además como empresa extranjera está impedida por otro artículo de realizar este tipo de acciones y en la Ley de Radiodifusión, existía un impedimento legal para que las emisoras estuviesen controladas por personas físicas, jurídicas y extranjeras.

Ni la mayor excepción a esta regla, que es la llamada Ley Clarín o Ley de Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales, sancionada en 2003, permite que una empresa con más del 30 por ciento de capital extranjero controle un medio de comunicación. .

Ante esta situación el Comité Federal de Radiodifusión (Comfer) había ordenado CIE vender antes de fines de 2010, pero cuando esta semana se conoció el anuncio de la empresa que anunciaba la venta del grupo de radios integradas por FM Rock & Pop, Metro, FM Blue, AM Splendid, San Isidro Labrador, entre otras, ya hubo una serie de movimientos periodísticos y tanto Página 12, como el diario Crítica de esta capital informaron sobre las características del comprador, un hombre de oscura historia legado a poderosos grupos extranjeros, entre otras y por lo tanto esta transacción no estaba permitida por la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Se saltaron además varios pasos legales, como que la autoridad de aplicación no fue informada y además de acuerdo al artículo 41 de la ley 26.522 las autorizaciones y licencias de servicios de comunicación audiovisual son intransferibles.

En todo caso, como analiza red Eco Alternativo si como excepción se autorizara la transferencia de acciones o cuotas partes de las licencias, esta debe estar sujeta a una previa comprobación por la autoridad de aplicación, que además debe expedirse por medio de resolución sobre la autorización o rechazo de la transferencia .

La ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, es muy precisa al referirse a que los titulares de licencias, ya sean personas físicas o los socios de una empresa, deben poder demostrar el origen de los fondos comprometidos en la inversión y no haber sido condenados por delito doloso.

“La sociedad que compró las emisoras está compuesta por Matías Garfunkel, un joven empresario que es uno de los directivos de la firma BGH y se le adjudica estar en pareja con la hija del ex presidente Menem.

Su socio, Raúl Moneta, tiene un perfil más extenso. Vivió la década del menemismo del lado del poder, haciendo negocios que lo llevaron a la justicia en más de una oportunidad” señala la investigación de Red Eco Alternativo.

Moneta estuvo seis meses como prófugo de la Justicia, por el vaciamiento de los bancos República y Mendoza, además de acusación por lavado de dinero.

Nunca ha dado cuenta de los fondos que utilizó para sus negociados y ahora acaba de hacer una compra que a todas luces es ilegal, y será difícil para los directivos de CIE explicar que no conocían ni ellos ni sus abogados la legislación argentina.

Lo cierto es que el tema es clave aquí, cuando esta venta que resulta ilegal pasa a formar parte de una serie de acciones corporativas de los grandes medios de comunicación, que como se denuncia aquí, “intentan golpear la nueva Ley de Medios, que reemplazó a la arbitraria e injusta ley de la pasada dictadura militar, que impedía la verdadera democratización en las comunicaciones.