En México más de 200 mil jóvenes de 25 a 34 años que concluyeron estudios universitarios no buscan ni tienen empleo. La Secretaría de Educación Pública (SEP) estima que 80 por ciento provienen de familias que van del sexto al décimo decil de ingresos, es decir, no estamos hablando de los sectores más marginados, sino de los más acomodados de la sociedad mexicana, afirmó Rodolfo Tuirán Gutiérrez, subsecretario de Educación Superior.

De acuerdo con el promedio de inversión federal en gasto por alumno –47 mil pesos por año en licenciatura–, se destinaron 37 mil 600 millones de pesos en su formación. El funcionario reconoció que los profesionistas no disponibles representan una pérdida para el desarrollo del país, pues se beneficiaron de la educación superior, pero ni les interesa o no pudieron aprovechar su formación para obtener los rendimientos o retornos del caso.

Dijo que a escala nacional, incluyendo a egresados de todas las edades, quienes no buscan ni tienen empleo suman 920 mil personas, de entre 24 a 54 años. En su mayoría mujeres jóvenes, muchas en edad de formar una familia que por diversas razones culturales, sociales o de desigualdad, no están desplegando su potencial en el mercado de trabajo.

Al presentar un panorama del mercado laboral de egresados universitarios, destacó que los jóvenes pagan el costo del desempleo de profesionistas, en su mayoría menores de 30 años, con una tasa de desocupación de 49.7 por ciento en el tercer trimestre de 2009, mientras que alcanzó 54.1 por ciento a principios de ese año.

A esto se suma que 15 por ciento de los recién egresados no encuentran trabajo, mientras que de los 400 mil universitarios que concluyeron sus estudios y no tiene empleo, más de 50 por ciento son jóvenes. Destacó que es muy preocupante que entre aquellos egresados que sí tienen un puesto laboral, 36.5 por ciento trabajan en ocupaciones no profesionales. En su mayoría son actividades de protección y vigilancia, o como operadores de transporte, mientras que la tasa de subempleo entre egresados que tienen 25 años o más, alcanzó 10.9 por ciento en el segundo trimestre de 2009.

Enfatizó que ante las llamadas generaciones de los ni-ni, personas sin oportunidades para estudiar o trabajar, están incubando problemas de diversa índole en el contexto familiar, social y económico, y esto nos debería generar una preocupación, pues advirtió que ante la falta de expectativas educativas y laborales creamos una generación de muchas expectativas y pocas realidades, desde el punto del vista del mercado de trabajo.

Tuirán Gutiérrez enfatizó que en México la tasa de desocupación por nivel educativo es mayor en la población con estudios superiores, a diferencia de quienes no concluyeron la enseñanza básica y media superior. Estimó que el impacto de la crisis económica acentuó esta deficiencia estructural, elevando la tasa de desocupación abierta entre egresados universitarios a 5.7 por ciento en el tercer trimestre de 2009, mientras que a principios de ese mismo año fue de 4.3 puntos porcentuales.

El impacto del desempleo, advirtió, tiene un efecto diferenciado de acuerdo con la licenciatura de egreso, pues informó que dos tercios de profesionistas desocupados proviene de nueve carreras: administración, derecho, ingenierías (mecánica, computación, eléctrica, industrial, textil), contaduría y finanzas, sicología, ciencias de la comunicación, pedagogía y ciencias de la educación, mientras que la mayoría de quienes egresaron pero no buscan ni tienen empleo cursaron licenciaturas como antropología, arqueología y etnología; diseño industrial y de interiores, artes plásticas, filosofía y humanidades, nutrición, ciencias de la salud, químicos farmacobiólogos, bioquímica, enfermería y diseño gráfico.

Interrogado sobre el recorte presupuestal aplicado a universidades públicas en los recursos aprobados por la Cámara de Diputados, Tuirán enfatizó que el Congreso de la Unión mandató incrementos sustanciales a diversos sectores, pero al mismo tiempo ordenó ajustes que se traducen en reducciones aplicadas por Hacienda. Este año, afirmó, hubo una disminución de mil 500 millones de pesos en fondos destinados a educación superior, situación que ya ha ocurrido en años anteriores, por lo que se realiza un seguimiento permanente con los rectores para que no resulten afectados.