asan los años, se intensifican las quejas, los efectos negativos crecen aceleradamente –aunque no a la velocidad de los discursos–, se contradicen las políticas públicas y lejos de encontrar soluciones el problema avanza, y lo hace a tal grado que en unos cuantos años México desplazó a Estados Unidos (hasta hace poco primer lugar mundial) en lo que se refiere a población obesa y con sobrepeso.

Cuando menos desde cinco años atrás en las cámaras de diputados y de senadores se han presentado diversas iniciativas de ley para erradicar de la pantalla chica la propaganda de alimentos chatarra. Todas han sido desechadas, o en el mejor de los casos enviadas a la congeladora. Paralelamente, el bombardeo publicitario de este tipo de productos se ha incrementado a la par de los abdómenes de los mexicanos, especialmente de los niños.

Los datos oficiales disponibles advierten que en sólo siete años la obesidad en niños de entre cinco y 11 años de edad aumentó 77 por ciento, pero el citado bombardeo publicitario no sólo se mantiene (al igual que la negativa del Legislativo para reglamentar la promoción de chatarra en los medios electrónicos), sino que se incrementa, al igual que la comercialización de esos productos justo en los centros educativos. Como la espuma crecen las concesiones, permisos, autorizaciones y conexos que otorga el gobierno para que en escuelas y oficinas públicas se instalen expendios electrónicos con este tipo de artículos, al tiempo que el gobierno federal es uno de los principales clientes de las empresas que los fabrican.

Pero el problema, más allá de la salud pública, es de carácter político. De hecho, el propio secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, reconoce que aún no se suspende la venta de comida chatarra en las escuelas del país porque se enfrentan “cotos de poder, de grupos de las mismas cooperativas y por una inercia que lleva muchos años… La regulación para comercializar alimentos chatarra se está revisando, pues son situaciones que tienen inercias de muchos años”. Apenas el miércoles pasado informó que 4.5 millones de niños sufren sobrepeso y obesidad en México, con un crecimiento promedio de 1.1 por ciento anual en la población infantil, a los que se suman 6 millones de adolescentes; en el país 42.5 millones de adultos mayores de 20 años padecen obesidad y sobrepeso (32 millones cinco años atrás), lo que representa un gasto directo para el sector salud de 42 mil millones de pesos, debido a la prevalencia de enfermedades crónico-degenerativas vinculadas con esta pandemia, a lo que se suman 25 mil millones en gastos para las familias, cifras que en la próxima década podrían incrementarse a más del doble (La Jornada).

Pues bien, las empresas de chatarra alimenticia (desde las refresqueras hasta las botaneras) despliegan una decidida labor de convencimiento entre los legisladores de las distintas bancadas para evitar que las citadas iniciativas de ley sean aprobadas. Por ejemplo, a finales de octubre de 2005 el entonces senador panista José Antonio Haghenbeck Cámara presentó un proyecto de decreto para reformar los artículos 115 de la Ley General de Salud, y 49 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, con el fin de “obligar a las autoridades de salud a realizar estudios sobre el consumo de estos productos (chatarra) y el impacto en la salud de niños, adolescentes y adultos, y por otro, limitar la publicidad, promociones y ofertas respecto a los mismos, contribuyendo así en el combate del consumo desmedido de alimentos y bebidas no alcohólicas de bajo contenido nutricional o elevado valor energético que provoquen trastornos de salud… Las reformas contribuirán a limitar los efectos nocivos que provoca la exagerada publicidad sobre el consumo excesivo de alimentos poco nutritivos o que proporcionan elementos energéticos no saludables y, por tanto, de las consecuencias que esto provoca”.

En aquel entonces, el Senado de la República aprobó la iniciativa del panista, y la turnó a la Cámara de Diputados para su ratificación. Hasta allí, porque desde mayo de 2006 las empresas chatarreras iniciaron su cabildeo, utilizaron influencias y abrieron chequeras, por si acaso, para convencer al grueso de los diputados panistas y priístas para que no ratificaran la minuta enviada desde Xicoténcatl. Y la mayoría de los inquilinos de San Lázaro eficientemente procedieron en tal sentido, aduciendo que, de aprobar la iniciativa, los puestos de trabajo generados en esa industria se ponen en peligro.

Atrás del convincente cabildeo aparecía el Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo (los chatarreros organizados), en el que están inscritas muchas de las empresas que desde los medios electrónicos bombardean a la población, particularmente la infantil, con su propaganda. Pero estos mismos consorcios también participan activamente en el desinteresado financiamiento de campañas políticas (curules, escaños, gubernaturas e inquilinaje en Los Pinos) de partidos y sus candidatos, que al final de cuentas, haiga sido como haiga sido, ocupan las posiciones desde las que se decide sobre qué sí y qué no conviene a la nación.

Desde aquellos tiempos, el citado consejo hizo pública su “profunda preocupación por las reformas contenidas en la minuta (del Senado, la misma que pasó a la Cámara de Diputados y de allí directamente a la congeladora), debido a que éstas desconocen las importantes acciones que ha venido realizando la industria de alimentos y bebidas, en colaboración con las autoridades de salud, para atender estos retos… Nos preocupa el hecho de que, al aprobar estas reformas, se estaría privilegiando la imposición de medidas intervencionistas y no el diálogo con la industria, que en reiteradas ocasiones ha manifestado su total disposición para colaborar en la solución de estos problemas”. Los chatarreros, pues, se negaron a que desapareciera su publicidad de los medios electrónicos, especialmente las televisoras, lo que obviamente lograron. Paralelamente, el duopolio de la televisión también presiona, pues la propaganda de alimentos chatarra representa una gruesa rebanada de sus ingresos.

Cinco años después, el bombardeo publicitario se incrementa, al igual que el vientre de los mexicanos, mientras avanza el gasto público destinado a la atención de enfermedades asociadas a la obesidad y México desbanca a Estados Unidos en este renglón. Pero el Legislativo dice que no, que no es necesario.

Las rebanadas del pastel

¿Y las empresas? Las de siempre: Bimbo (más Barcel, Marinela, Sara Lee, Lara, Ricolino, Suandy, Coronado y Lonchibón, por citar unas cuantas), Coca-Cola Femsa (con toda su línea de refrescos y jugos), Pepsi-Cola (ídem) con Sabritas, Kellogs, Nestlé, McDonald’s, Burguer King, entre otras.

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