La decisión de la Procuraduría General de la República (PGR) de interponer una acción de inconstitucionalidad en contra de los matrimonios entre personas del mismo sexo obedeció a la presión de grupos conservadores, además de que no toma en cuenta el artículo primero constitucional, el cual señala que todas las personas tenemos los mismos derechos, afirmó el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia.

Es una ley que amplía derechos. La PGR tendrá sus argumentos (para interponer el recurso legal) y además es una de sus facultades. Lo que conviene comentar es que el asunto se va a dirimir en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y con ello reforzamos que es en las instituciones del Estado laico donde se lleva a cabo el debate.

–¿Esta controversia obedece a la presión de los grupos conservadores?

–Sí, así es.

Entrevistado tras inaugurar una mesa de trabajo en torno a la prisión preventiva, González Placencia dijo: No tengo claridad sobre cuáles fueron los argumentos que la PGR esgrimió para llevar adelante la acción de inconstitucionalidad. En todo caso, lo que es relevante es que ahora ya se torna en un debate jurídico (...). En ese sentido, en opinión de la CDHDF no hay manera de que la SCJN declare inconstitucional esta ley.

El ombudsman capitalino consideró que el hecho de que la CNDH no está en el ánimo de ejercer la acción de inconstitucionalidad es muestra de que la mayoría de los organismos responsables de garantizar los derechos humanos coinciden en que las leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa no son violatorias de derechos, sino por el contrario, amplían el espectro de protección de éstos.

Con respecto a la encuesta que realizó el Partido Acción Nacional sobre el tema, el presidente de la CDHDF indicó que interpretar los resultados como que la mayoría de los ciudadanos está en desacuerdo con los matrimonios entre personas del mismo sexo es una lectura equivocada, pues el mensaje es que los organismos públicos de derechos humanos tienen que asumir el reto de que la mitad de la población tiene que aprender a ser más tolerante y respetar los derechos de quienes actúan o piensan diferente.