Ante la presión del PAN, la Comisión de Educación de la Comisión Permanente aprobó un punto de acuerdo –que será votado hoy– para solicitar al gobierno de Felipe Calderón que no publique los lineamientos de venta de comida chatarra en las escuelas hasta en tanto la Secretaría de Salud (Ssa) no realice un estudio integral sobre el efecto del consumo de frituras y refrescos en la salud de los niños.

Los legisladores reconocieron que las utilidades de las empresas que venden esos productos son de 20 mil millones de pesos al año y que el efecto en los menores es atroz, porque se les somete a 12 mil anuncios por televisión para que los consuman.

También se sugirió a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados que cite a comparecer al subsecretario de Educación Básica, Fernando González, para que explique por qué los lineamientos no prohíben expresamente la venta de comida sin valor nutritivo.

Detenidas 60 iniciativas por presiones de empresas

Ante las presiones de empresas como Sabritas, Televisa, Bimbo y Marinela a los legisladores, por conducto de sus cabilderos, el Congreso no ha dictaminado 60 iniciativas que se han presentado para frenar la venta de comida chatarra y la publicidad insertada en los programas destinados al público infantil.

Desde 2008 y todo 2009 los diputados panistas han frenado la aprobación de reformas a la Ley General de Salud para acotar ese tipo de publicidad en la televisión y obligar a los fabricantes a incluir en las etiquetas de sus artículos la leyenda el abuso en el consumo de este producto puede provocar obesidad.

En enero del año pasado, el ex presidente de la Comisión de Salud, Éctor Jaime Ramírez Barba (PAN), desechó información de que, por ejemplo, el Canal 5 de Televisa transmite cada hora 39 anuncios sobre alimentos y golosinas, de los cuales 17 no son recomendables para el consumo de los niños.

En acuerdo con empresas trasnacionales y nacionales de frituras, Ramírez Barba se negó a prohibir la publicidad dirigida a menores de edad. Un año antes lo había hecho la ex presidenta de la Comisión de Energía, Adriana Rodríguez Vizcarra –distribuidora de cosméticos Jafra en Guanajuato–, quien junto con los panistas en esa instancia legislativa reventó las sesiones de la comisión para no votar los dictámenes.

Inclusive, el argumento utilizado por Acción Nacional fue que las responsables de la obesidad no son las televisoras ni las compañías, sino las madres, por los alimentos que proporcionan a sus hijos diariamente.

Ayer, la diputada Marcela Guerra (PRI) afirmó que el Congreso debe limitar la publicidad de comida chatarra, pero también influir en la redacción del reglamento de la Secretaría de Educación Pública para evitar su venta en escuelas.

Se trata de un negocio que se presta a intereses, desde tendajos en planteles públicos y privados, donde hay innumerables quejas de que los controlan las sociedades de padres de familia y los directores, que no rinden cuentas de los ingresos. Y para los fabricantes representa todo un ingreso, así que habrán más presiones, aseguró.

El ex presidente de la Coparmex y senador panista Jorge Ocejo Moreno planteó que la solicitud al gobierno de Felipe Calderón debe ser que los lineamientos sobre el expendio de productos chatarra en los colegios incluya un estudio de la Ssa antes de entrar en vigor.

Su compañero de bancada Guillermo Tamborrel propuso que el punto de acuerdo incluya la definición de bajo valor nutricional, porque el de comida chatarra tiene su origen más en un esquema mediático, porque no existen productos buenos, sino buenos o malos hábitos alimentarios.

Aun así, lamentó el rezago de 60 iniciativas para regular la venta de ese tipo de productos. “Hay que tocar temas que serán muy controvertidos, como el de la publicidad, porque los niños reciben 12 mil impactos en la televisión de ‘¡come, consume, compra!’ Son muchas las bolsitas que se venden, pero al país le cuesta 42 mil millones de pesos la atención de los problemas vinvulados con la obesidad”, resaltó.

Por su parte, el diputado Juan Carlos Natale (PVEM) cuestionó que la Cámara mantenga congelada una minuta del Senado sobre la Ley de ayuda alimentaria, que obligaría a las empresas a abrir comedores para sus empleados como medida para mejorar la nutrición.