El aumento salarial de emergencia exigido por organizaciones sindicales y sociales que marcharán este viernes en protesta por la carestía está totalmente justificado, pues el alza en los precios de los productos de la canasta básica, aunado al incremento de impuestos, contribuirá a aniquilar a la clase media y ahondará la pobreza, advirtió el sacerdote jesuita Carlos Rodríguez, coordinador de procesos educativos del Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal).

En tanto, gremios del sector educativo anunciaron que, organizados en un frente común ante el embate del alza de precios en alimentos y gasolina, participarán en la movilización nacional para exigir al gobierno federal un viraje en el rumbo de la política económica. Anunciaron que acudirán a la protesta trabajadores de los tres niveles educativos –básico, medio y superior–, así como de los sectores cultural y de investigación.

El directivo del Cereal destacó que en el caso de los asalariados con ingresos superiores a 10 mil pesos mensuales, el aumento de 2 por ciento en el impuesto sobre la renta (ISR) los obliga a entregar al fisco 40 centavos de cada peso que ganan. Frente a estas circunstancias –añadió–, si hubiera un gobierno sensible iría por el incremento de emergencia y se olvidaría de su obsesión antinflacionaria.

Es lamentable –insistió– que una vez más el gobierno calderonista le haya cargado la mano a la clase trabajadora en lugar de meterle tijera al gasto corriente, a salarios y prestaciones de los altos puestos en las secretarías de Estado. Es muy poco sensible y solidario que la mayoría de la población sea la que tenga que responder. Aunque Felipe Calderón diga tener el control del barco, sólo él se lo cree, los demás ya tenemos el agua hasta las rodillas y somos una tripulación que va saltando para no ahogarse.

A su vez, dirigentes de 32 organizaciones sindicales asistentes al segundo Encuentro Nacional de Trabajadores de la Educación informaron que también demandarán un incremento salarial de emergencia, una vez que concluyan las revisiones contractuales en que se encuentra cerca de 70 por ciento de los gremios universitarios del país.

Carlos Galindo, secretario de relaciones del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, informó que en una parte de los acuerdos suscritos en el encuentro, como trabajadores de la enseñanza reiteramos nuestro rechazo al incremento de impuestos y exigimos un cambio de política económica y educativa, que no condene a 33 millones de mexicanos al rezago en el aprendizaje y a miles de jóvenes a ser parte de generaciones perdidas sin formación académica ni empleo.

En tanto, Sara Juárez, secretaria de relaciones del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma Chapingo, anunció que solicitarán a la Cámara de Diputados un punto de acuerdo para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no recorte los recursos a las universi- dades públicas y respete lo aprobado para el ejercicio presupuestal de 2010.