La Paz, BCS, 24 de enero. Las iniciativas promovidas por la Comisión Nacional de Pesca (Conapesca) por conducto de diputados federales para permitir la explotación comercial de especies reservadas a la pesca deportiva, en una franja de 50 millas náuticas a partir de la costa, provocarán la desaparición de una industria recreativa que cada año genera más de mil millones de dólares en el municipio de Los Cabos, advirtió Carlos Villavicencio Garayzar, investigador de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS).

Aseguró que las reformas a la Ley de Pesca que se discuten en la Cámara de Diputados para permitir la captura de marlín, pez espada, pez vela y dorado, entre otras especies de picudos, no beneficiarán a los pescadores ribereños, sino a unos cuantos empresarios que buscan aumentar sus exportaciones de carne a Estados Unidos, las cuales ya realizan, pero de manera ilegal, con la complacencia de la Conapesca.

Debe de existir un contubernio entre los empresarios y la Conapesca, pues no es posible que se estén exportando más de 5 mil toneladas de dorado al año por las fronteras de California y Arizona. Se requieren documentos oficiales para ello, señaló.

El investigador del Departamento de Biología Marina de la UABCS recordó que en marzo de 2009 se presentó a la Cámara de Diputados una iniciativa para liberar el dorado a la pesca comercial, pero en diciembre el diputado priísta sonorense León Perea propuso incluir todas las especies de picudos.

El académico señaló que de aprobarse la modificación se restaría competitividad a destinos turísticos como Los Cabos y Loreto, cuyo principal atractivo es la pesca deportiva.

Consideró ilógico que para la Conapesca sea más importante la liberación del dorado, cuyo costo en el mercado nacional es de 50 pesos por kilo, que mantenerlo en el estatus de exclusivo para la pesca deportiva, pues por cada ejemplar capturado en esta actividad recreativa se logra una derrama de mil dólares en diversos servicios turísticos.

La iniciativa, dijo, es contraria al Plan Rector de Pesca y Acuacultura Nacional, el cual estipula que ante la disminución de las pesquerías ribereñas se debe buscar la reconversión de la pesca comercial a la deportiva, que es más sustentable y genera mayores recursos.

Licencia para depredar

Refirió que, a más de dos años y medio de su entrada en vigor, en mayo de 2007, la norma oficial mexicana (NOM) 029, que regula la captura de tiburones, no ha evitado la depredación de escualos y sólo sirvió para legalizar el uso de redes y palangres en la zona costera, donde ocurre 50 por ciento de la captura incidental de especies reservadas a la pesca deportiva.

Explicó que la Ley de Pesca reserva a la actividad deportiva la captura de picudos en una franja de 50 millas náuticas desde la costa, pero la NOM 029 permite a barcos de mediano calado operar a partir de 20 millas náuticas en la península de Baja California, y deja 30 millas espuestas a la pesca incidental de ésas y otras especies, como mamíferos marinos y tortugas.

Agregó que la Conapesca también promovió fijar un límite de 30 por ciento de pesca incidental en la captura de tiburones, el cual es ilegal porque la Ley de Pesca indica que tales proporciones deben plasmarse en normas oficiales, no en acuerdos.

Más aún, señaló que, de acuerdo con estudios en los cuales se basó el acuerdo del Instituto Nacional de Pesca, en el Pacífico mexicano el promedio de pesca incidental es de 45 por ciento, en el Golfo de Tehuantepec de 75 por ciento y en Manzanillo de 89 por ciento, por lo cual los barcos deberían operar a más de 60 millas de la costa.

Sin embargo, la Conapesca se las ingenió para que la pesca incidental se midiera cada año con base en las bitácoras de embarcaciones, que en 2007 reportaron una captura de este tipo de sólo 6.49 por ciento, lo cual es irreal.