mnistía Internacional presentó el jueves el informe Exigiendo justicia y dignidad. Defensoras y defensores de los derechos humanos en México, en el que de nueva cuenta se denuncian las agresiones que éstos sufren en el país.

En octubre pasado, la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos había emitido otro informe en el que se analizaba lo difícil que es defender los derechos humanos en México. Ahora Amnistía retoma el tema, poniendo énfasis en la obligación del Estado de proteger a quienes lo hacen –no sólo en el fracaso de éste para cumplirla, sino en su aquiescencia y complicidad en muchos casos para no hacerlo.

Los defensores y defensoras trabajan desde distintas competencias y maneras para proteger y hacer realidad los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidas universalmente, de conformidad con el derecho internacional. Lo que tienen en común es que defienden el principio de que todos los seres humanos son iguales en dignidad y derechos, independientemente de su sexo, raza, origen étnico o cualquier otra condición. Comparten también un compromiso explícito de respetar los derechos y libertades de otras personas en sus propias acciones.

El nuevo informe de Amnistía resalta otra vez el clima hostil en el que los defensores y defensoras desarrollan su trabajo, así como la impunidad imperante ante las agresiones de las que son objeto. Hace, además, severas recomendaciones al Estado mexicano, para que en sus distintos niveles tome medidas urgentes en favor de ellos, como el reconocimiento a su trabajo, la no criminalización de la protesta social y garantizar investigaciones inmediatas, exhaustivas e imparciales de las agresiones que sufren. La petición se fundamenta en el análisis de más de 15 casos de defensores, quienes entre 2007 y 2009 fueron víctimas de diversos ataques, entre los que se incluyen homicidios, detenciones indebidas, encarcelamientos por cargos falsos, acoso e intimidación.

Los casos muestran a autoridades de los tres órdenes de gobierno y a personas no identificadas entre los responsables de estos abusos. En ambos supuestos estamos frente a violaciones cometidas directa o indirectamente por agentes estatales, sea porque se dan desde el poder, generando sobre todo cargos falsos, conforme a los cuales los procesan indebidamente para castigar o detener su actividad, o por la omisión o deficiencia en la prevención y sanción de los mismos, pues las autoridades suelen ser lentas tanto en la respuesta como en la investigación de los hechos.

Amnistía explica que estas violaciones se cometen porque las víctimas son generalmente las personas que más se destacan por sus denuncias o liderazgo y, por ello, al atentar contra su integridad física, su vida u otros derechos y libertades públicas fundamentales, los agresores buscan proteger intereses económicos, producir el abandono de determinadas zonas por parte de las organizaciones de derechos humanos, crear un efecto ejemplificador, paralizar los procesos de denuncia, o disminuir su número.

El informe que ahora presenta Amnistía rinde también tributo a quienes se vieron atacados por el hecho de defender los derechos civiles y económicos, sociales, culturales y ambientales de otros. Personas como Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, integrantes de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos y la Organización de los Pueblos Indígenas Me’ phaa en Guerrero. Aldo Zamora, ecologista en el estado de México. Fernando Mayén, abogado que se oponía a un tiradero, igualmente en el estado de México. Santiago Rafael Cruz, quien asesoraba a trabajadores agrícolas migrantes en Nuevo León, y Ricardo Murillo Monge, fundador del Frente Cívico Sinaloense. Todos ellos perdieron la vida en circunstancias que aún no son esclarecidas, sus asesinatos siguen impunes.

Presenta también los casos de personas que por uso indebido del sistema penal pierden su libertad, como Raúl Hernández, Cipriana Jurado, Jesús Emiliano, Cándido Félix y Manuel Olivares; o que sufren intimidación y acoso, como Obtilia Eugenio Manuel, el padre Alejandro Solalinde, Lydia Cacho, María Luisa García, Marisela Ortiz y otros integrantes de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, Maurilio Santiago, María de la Luz Martínez y Cristina Auerbach. Todos ellos defensores de los derechos humanos que no sólo enfrentan los obstáculos que existen en el país para garantizar efectivamente todos los derechos humanos, sino que además tienen que afrontar acciones en contra de su integridad o libertad, sin que existan acciones legales, administrativas y políticas fuertes de las autoridades para impedirlo.

Quienes trabajan para proteger y fortalecer los derechos económicos, sociales y culturales se enfrentan a menudo a poderosos intereses económicos y están expuestos a ataques por parte de particulares protegidos por ellos.

La negación de estos derechos en algunos sectores de la sociedad mexicana han impulsado a la gente a actuar, arriesgando, literalmente, la vida, sin encontrar en las instancias competentes respuestas a sus reclamos. Ya lo dice el informe, al exigir la actuación urgente en contra de la impunidad en sus distintas manifestaciones. Situación que es endémica en México y fomenta un clima de intimidación, temor e inseguridad.