demás de desmentir las aseveraciones formuladas el pasado miércoles por el titular de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero, quien en el contexto de una visita a Washington afirmó que ya no estamos en recesión económica y que la pregunta (ahora) es qué tan vigorosa va a ser la recuperación, los datos proporcionados ayer por el Banco de México (BdeM) –repunte inflacionario de 0.75 por ciento en la primera quincena de 2010, el mayor en ese mismo lapso a lo largo de 11 años– y por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía –incremento en el número de desempleados, que se ubicó en 2 millones 256 mil personas en diciembre pasado, 41 por ciento más que cuando se inició el actual sexenio– permiten vislumbrar riesgos latentes e indeseables para la economía nacional, que hasta ahora han sido desatendidos por las autoridades del país.

Dichos indicadores son motivo de preocupación. En primera instancia porque evidencian que el presente año arranca sin que la economía haya podido abandonar el estado de postración en que se encuentra. Por el contrario, el panorama se ve marcado por un repunte generalizado de los precios –lo que constituye un agravio adicional para las mayorías– y por un incremento en la cifra de desempleados, lo que, es de suponer, redundará en una importante merma del poder adquisitivo y en mayor pérdida de dinamismo de la economía nacional. Además, es claro que los encargados del manejo económico del país han fallado incluso en uno de los propósitos centrales del discurso que da sustento al modelo neoliberal vigente: perseguir la estabilidad inflacionaria.

Por otra parte, las cifras que se comentan constituyen un motivo de alarma adicional, pues en ellas está implícita la advertencia sobre un descalabro económico mayúsculo, en el que pudieran converger los efectos de la crisis mundial –que aún no acaban de disiparse– con la configuración de una nueva crisis endógena. No debiera escapar a la reflexión el hecho de que nuestro país ha padecido ya las consecuencias de la combinación de presiones inflacionarias, carestía e incremento de desempleo: cabe recordar la experiencia de 1994-1995, cuando la inflación y las tasas de interés se dispararon, el poder adquisitivo sufrió severas afectaciones, se dejaron de pagar créditos y sobrevino, a la par de una profunda crisis bancaria que a la larga acabó incluso por contagiar al sistema financiero internacional, una de las circunstancias más desoladoras en la historia reciente para la economía popular.

Al día de hoy, la economía nacional no parece lo suficientemente preparada para hacer frente a una situación similar, y el gobierno federal, lejos de concentrarse en prevenir tales escenarios y en buscar una solución, se muestra empeñado en impulsar su agravamiento, si se toma en cuenta su propensión a legitimar alzas en los impuestos y su persistencia en mantener los incrementos regulares en los energéticos.

En suma, ante la problemática vigente y la que pudiera configurarse en meses siguientes, es obligado demandar a las autoridades la aplicación de las medidas necesarias para proteger a la población, en especial a los sectores más desprotegidos, empezando por revertir las alzas en los precios de los combustibles. Más que recursos económicos, lo que la actual administración requiere para tal efecto es altura de miras, sentido de Estado y, sobre todo, voluntad política y sensibilidad social.