esde 1990 y como resultado de un referéndum que selló el destino de la dictadura, la Concertación por la Democracia, un conglomerado de cuatro partidos, condujo a Chile durante dos décadas por la senda del crecimiento económico y de la consolidación democrática. En ambos aspectos hay cuentas pendientes.
El crecimiento económico logró reducir de manera sostenida los niveles de pobreza, pero redujo mucho menos la brecha de la desigualdad monetaria. Chile sigue siendo uno de los países más desiguales en la región más desigual del mundo.
Paradójicamente los avances democráticos se lograron en el contexto de una constitución elaborada por el pinochetismo con el doble propósito de recrear una dictadura
constitucional y de promover una fragmentación en las fuerzas opositoras. Se superó ese diseño institucional gracias a la altura de miras y madurez de los actores políticos y particularmente de las dirigencias de la Democracia Cristiana y del Partido Socialista. Ambas se confrontaron durante el golpe militar de 1973, dado que inicialmente el sector hegemónico de la DC aprobó el golpe. Patricio Aywlin como presidente del Senado firmó un decreto en 1973 pidiéndoles a los militares que restablecieran el orden.
Para que los dirigentes de la DC y del PS hubieran podido hacer a un lado no sólo sus diferencias valóricas y políticas que en 1989 eran más amplias que hoy, pasaron por el amargo recorrido de la represión y el exilio. Pero sobre todo reflexionaron sobre sus propios errores y sacaron conclusiones definitorias.
La inestabilidad y la parálisis que transportó un contexto electoral dividido en tres partes casi iguales en los periodos previos al golpe militar, aunado a los candados que el pinochetismo había inserto en la constitución, desembocó en esa alianza inédita por improbable. La coalición improbable fue catalogada en su momento de una alianza contranatura y de un arreglo sin principios que lo único que buscaba era el poder por el poder mismo. Como siempre el comal le dice a la olla. Fueron los pinochetistas los que más se opusieron a esa coalición a la cual pocos le presagiaban más de cuatro años.
¿Cuál es la lección principal de esto para nosotros? En mi opinión, que con todo y lo importante que puede ser el diseño institucional, es crucial la calidad, la generosidad y la visión estratégica de los principales actores políticos.
Hemos tenido muchas propuestas de reformas políticas. Algunas como las de 1977 o 1996 marcaron hitos en la transición democrática. Pero ambas fueron el resultado de una elite que tenía mayoría legislativa y que comprendía que los riesgos de no cambiar eran mayores que las modificaciones graduales.
Hoy enfrentamos una nueva propuesta de diseño institucional que busca, en palabras del presidente Calderón, romper la parálisis política y atender la insatisfacción ciudadana. Se presenta en el contexto de una profunda crisis económica, agudizada por el estancamiento que venía de antes, en el contexto de la insatisfacción con la calidad de la democracia, en un momento en que la seguridad pública se encuentra deteriorada y frente a un conjunto de actores políticos que desde 1997 consideran que pueden ganar solos, sin alianzas, la Presidencia y, eventualmente, la mayoría legislativa federal.
Las diez propuestas han sido y seguirán siendo discutidas en sus méritos y limitaciones. El punto central es: dónde están las coaliciones que puedan encarnar dos diagnósticos de suyo diferentes. Una que mira al perfeccionamiento de las relaciones entre los poderes. Otra que constata que cualquier reforma política debe modificar las relaciones entre la ciudadanía y los poderes constituidos.
Sobre las alianzas entre PAN y PRD ya comentaré en la próxima entrega. Pero las preguntas que hizo Sánchez Rebolledo en estas páginas el jueves pasado son de enorme relevancia para el futuro de las izquierdas.
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