Ayutla de los Libres, Gro., 22 de enero. Tres miembros del secretariado de Amnistía Internacional (AI) visitaron al líder indígena Raúl Hernández Abundio, mientras unos 50 me’phaás protestaban frente a la prisión local donde su coterráneo está formalmente preso desde 23 de abril de 2008, acusado de matar al agente de inteligencia militar Alejandro Feliciano García en enero de ese año.

Alberto Herrero Aragón, director ejecutivo de AI en México, así como Sarah Shebbeare y Nancy Tapias, del Programa de Defensores de Derechos Humanos en las Américas de la organización, visitaron al indígena procesado por homicidio calificado, y lo definieron como preso de conciencia y no un delincuente como pretenden las autoridades.

Recorrieron la vieja casona de tejas y adobes habilitada como centro carcelario, y entregaron a sus responsables tres costales de cartas y postales de todo el mundo dirigidas a Eusebia Villa Otilia y Felícitas Hernández Villa –esposa e hija de Raúl Hernández– donde los remitentes hacen suyo el reclamo de libertad y les desean Feliz Navidad.

Antes de la visita los representantes de Amnistía se entrevistaron en Chilpancingo con el secretario general de gobierno, Guillermo Ramírez Ramos, y tras expresarle que los instrumentos internacionales de derechos humanos son vinculantes para el gobierno federal y las entidades federativas, exigieron excarcelar al líder de la Organización de los Pueblos Indígenas Me’phaá.

Según Tapias Torrado también se requirió al gobierno aplicar las medidas de protección dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en favor de 107 defensores humanitarios del estado, así como solución a los asesinatos de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, dirigentes de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco, pues incluso hay una recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pero no se ha hecho nada.

En la capital guerrerense también, una familia de la comunidad de Petaquillas presentó una queja contra el Ejército ante la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, luego que decenas de soldados catearon el jueves un aserradero de Arturo Figueroa.