Con los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como testigos, representantes de la clase empresarial, los líderes de las cámaras de Diputados y Senadores, así como funcionarios de la Secretaría de Hacienda argumentaron en pro y en contra de la aplicación del impuesto empresarial a tasa única (IETU), tributo que en 2008 y 2009 generó al fisco ingresos superiores a los 92 mil millones.

Amparos que en caso de ser declarados procedentes por el máximo tribunal representarían una devolución multimillonaria de impuestos, incluidos intereses y recargos.

En víspera de que la Corte inicie la discusión de los amparos en contra del IETU, el subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, José Antonio Mid Curibreña, justificó ayer la constitucionalidad del impuesto y destacó que gracias al nuevo esquema tributario –que incluye al IETU, ISR e impuesto por depósitos en efectivo–, los ingresos para el fisco se incrementaron en los dos últimos años en 11.4 por ciento, ocho veces más de lo que creció la economía.

Niegan arruinar empresas

A contrapelo de las quejas recurrentes de los abogados patronales que se quejaron porque el IETU es de aplicación general, con un mínimo de exenciones y deducciones fiscales, lo que incide directamente en los costos de las empresas y grava más sus utilidades. El funcionario de Hacienda sostuvo que éste no fue ruinoso para las empresas, no presionó la inflación, no generó problemas de empleos y no modificó ni un solo contrato colectivo a dos años de vigencia.

El procurador fiscal, Javier Laynez Potisek, sostuvo que el IETU no es inocuo, desproporcionado ni tiene efectos retroactivos.

Por el Congreso participaron dos panistas: Francisco Ramírez Acuña, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, y Gustavo Madero Muñoz, presidente de la mesa directiva del Senado de la República, quienes defendieron el impuesto referido y explicaron el proceso legislativo que llevó a su aprobación.

Ramírez Acuña dijo que el IETU se creó con fines fiscales para obtener mayores recursos, que es una alternativa ante la caída de los ingresos por el petróleo, dijo que es un impuesto de control y complementario al ISR y tiene la intención de desalentar “las planeaciones fiscales para eludir el pago de impuestos.

Madero destacó las bondades económicas del IETU y rechazó que, al no considerar deducibles las erogaciones de las empresas por pago de salarios, afecte los ingresos de los trabajadores, se aplica a la empresa que los contrata.

Aseguró que dicho tributo tampoco afectó el crecimiento de la economía, “lo que tuvimos se debió a la desaceleración que sufrió la actividad en Estados Unidos, nuestro principal socio comercial.

Carlos Loperena Ruiz, de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, centró su intervención en el debate jurídico-constitucional, sin tomar partido en ningún sentido. Y exhortó a los ministros a que al resolver el asunto no trasciendan aspectos presupuestarios originados por la recaudación obtenida hasta la fecha, proveniente del IETU y es que, dijo, ha llegado al conocimiento de la Barra, que en defensa de la constitucionalidad de las leyes, las autoridades fiscales esgrimen como argumento el descalabro financiero que significaría para el Estado la declaración de inconstitucionalidad de la Ley.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CEE), Armando Paredes, no se presentó y se excusó de no aceptar la invitación de la Corte.

Gil Alonso Centeno García, representante de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, prácticamente resumió lo dicho por sus colegas de que el IETU repercute mediante una tasa fija en las utilidades de las personas físicas y morales, limita las deducciones y prohíbe la disminución de algunas que son indispensables, que no es proporcional porque no permite deducir derogaciones, regalías intereses pagados ni el pago de salarios.

Al término de la audiencia, el ministro presidente, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, señaló que el asunto que discutirán a partir del próximo lunes es interesante, polémico, difícil y de gran trascendencia, por lo que el pleno dedicará todos los tiempos de reflexión y de discusión que sean necesarios para alcanzar una decisión en cada uno de los temas planteados con absoluta libertad de criterio.