Como parte de las conclusiones de los pasados comicios, el Instituto Federal Electoral (IFE) subraya –en el libro blanco, entregado al Congreso– que uno de los puntos críticos en la aplicación de la reforma en la materia fue la regulación de la propaganda de campañas no sólo en cuanto al acceso a los medios de comunicación, sino también en relación con el ejercicio de la libertad de expresión.

Es necesario reconocer, agrega el documento, que la libertad de expresión no es un valor absoluto, porque si se desborda puede afectar la equidad.

En el documento –entregado ya en ambas cámaras–, el organismo destaca además el importante impacto financiero que tuvieron las reformas constitucionales y electorales que realizó el Congreso en 2007 y 2008, las cuales permitieron abatir costos de la aplicación de aquéllas en México.

El instituto enfatiza principalmente en el modelo de comunicación política para garantizar la equidad y reducir los costos.

Merced al nuevo modelo, el presupuesto público a partidos políticos pudo descender, pues evitó la transferencia inercial de casi 3 mil millones de pesos por concepto de pagos de propaganda electoral. Correlativamente el monto del financiamiento público destinado a los partidos políticos en 2009 descendió 45.4 por ciento en términos reales, comparado con el año similar de elecciones intermedias.

El IFE concluye que el acceso de los partidos a los medios electrónicos ocurrió sin privilegios, sobre la base de los criterios establecidos en la ley.

El documento añade que existió suficiente flexibilidad para asimilar las estrategias de competencia de los partidos, por lo que el IFE considera que las disposiciones legales y constitucionales permiten al instituto alcanzar los objetivos centrales de la reforma: equidad en el acceso a los medios de comunicación y reducción del costo de campaña.

En el documento se solicita que, con base en la experiencia de los comicios pasados, los legisladores regulen con mayor precisión las sanciones aplicables a quienes quebranten normas como las relativas a adquisición y contratación de tiempos en medios electrónicos.

Asimismo se demanda una definición precisa sobre las modalidades de transmisión de los promocionales, los ámbitos a que se circunscribe la denigración y la calumnia, la propaganda gubernamental y los informes oficiales, entre otros aspectos.

Al abundar en el tema de las campañas, el documento señala que la conclusión más relevante de consiste en reconocer que libertad o equidad no son valores absolutos, que deban prevalecer uno sobre el otro, sino que necesariamente deben ser conjuntados. La primacía de algún valor conlleva el riesgo permanente de desbordar al propósito de la reforma misma y generar una sobreinterpretación que la distorsiona.

Agregó que en relación con los radicales cambios vinculados con el proselitismo electoral (como la regulación de actos anticipados de campaña, la denigración y calumnia y la interferencia propagandística de servidores e instituciones públicas), la reforma tuvo una especial dificultad para ser entendida y asimilada.

En consideración del IFE, la reforma electoral no intentó fijar un tipo de campaña ni imponer un formato o un sentido de las estrategias partidistas.

El documento acota que el objetivo de los procedimientos especiales sancionadores, cuyo lapso de resolución se fijó legalmente en cinco días, tenía por objeto corregir en un corto plazo las posibles infracciones cometidas amparadas en el ejercicio irrestricto de la libertad de expresión, pero que ya incurrían en calumnias o difamaciones.