El cuarto tribunal colegiado en materia del trabajo no ha podido resolver en dos meses un tema que en teoría cualquier órgano jurisdiccional podría definir en la mitad de ese tiempo.

El 20 de noviembre del año pasado, ese tribunal federal recibió un recurso de revisión que interpusieron autoridades del gobierno federal contra una suspensión definitiva en vía de amparo otorgada por un juzgado de menor jerarquía en favor de trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).

Dicho recurso ordena a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) se abstenga de emitir una resolución, hasta en tanto no se resuelva el juicio de amparo en el fondo de la terminación de la relación colectiva de trabajo entre el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y la extinta Luz y Fuerza del Centro (LFC).

Ayer se cumplieron dos meses sin que el tribunal colegiado haya podido definir esa medida de protección en vía de amparo y, de acuerdo con funcionarios judiciales de ese órgano jurisdiccional consultados por La Jornada, los tres magistrados se tomarán aún todo el tiempo que consideren necesario para estudiar el recurso de revisión.

El pasado 6 de noviembre, ese mismo tribunal confirmó la suspensión provisional otorgada al SME, como parte del juicio de amparo que se inició a petición de trabajadores electricistas contra la extinción de LFC.

Ese día, los magistrados de circuito Idalia Peña, Víctor Maldonado y Guadalupe Madrigal, en 24 horas revisaron y resolvieron por unanimidad que era infundada la queja promovida por la Secretaría de Energía y el Servicio y Administración y Enajenación de Bienes en contra de la suspensión provisional otorgada una semana antes por la juez federal Guillermina Coutiño.

El laudo de la JFCA sobre la terminación de la relación colectiva es un trámite previsto por la Ley Federal del Trabajo en los casos de cierre definitivo de empresas.

En este sentido, el abogado del SME, Roberto Terrazas Salgado, apuntó que este jueves la representación legal del sindicato se reunirá con el presidente del cuarto colegiado de circuito en materia laboral, para solicitarle que por las necesidades del caso, ya pase el proyecto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que esta instancia lleve a cabo la revisión de fondo del amparo.

Según explicó, el colegiado que tiene los dos temas en su escritorio, le corresponde turnarlos a la Corte y esta instancia tendrá que decidir si el proceder del Presidente de la República se ajustó a la Constitución y a los tratados internacionales, al emitir el decreto de extinción de LFC.

El colegiado lo que tiene que estudiar son las cuestiones que dejó la jueza Coutiño pendientes en cuanto a la procedencia del amparo y hecho esto, el asunto pasaría a los ministros para que puedan resolver el fondo del asunto. Con que 6 ministros estén de acuerdo, aunque 5 no lo estén, los electricistas ganarían el conflicto, indicó.