En el denominado libro blanco de los pasados comicios, el Instituto Federal Electoral (IFE) hace un balance de su desempeño y de la aplicación de la reforma en la materia, y sugiere a los legisladores elevar las sanciones a concesionarios y permisionarios de radio y televisión ante la imposibilidad práctica de reponer de manera eficiente y equitativa los tiempos del Estado (no transmitidos), especialmente al final de la campaña.

Aunque el IFE enfatiza –en el documento entregado a la Cámara de Diputados– que la conclusión más relevante es el exitoso estreno del modelo de comunicación política, reconoce la necesidad de realizar ajustes, en especial sobre usos alternativos del tiempo del Estado en radio y televisión con fines electorales (mensajes de inicio y cierre de campaña en cadena nacional por partido y debates obligatorios para el contraste de las plataformas programáticas).

Como parte de sus conclusiones, advierte que el esquema de comunicación política no es, ni podrá ser, una obra exclusiva del IFE; por el contrario (...) se requiere la colaboración no sólo de los partidos y los gobiernos, sino, sobre todo, de los concesionarios y permisionarios.

En el documento, el instituto hace una amplia descripción del proceso electoral, enfatizando la instrumentación de las reformas aprobadas en 2007 y 2008.

Advierte que los llamados procesos especiales sancionadores (quejas que se resuelven en corto tiempo) se distorsionaron, porque la propia dinámica de la competencia electoral lo convirtió en otro instrumento de propaganda, sometiendo a la institución a una dinámica de saturación.

Subraya que las mil 76 quejas que presentaron partidos y coaliciones motivaron que, como nunca antes y a pesar de tratarse de comicios intermedios, el Consejo General sesionara durante 88 ocasiones en 48 semanas que duró el proceso, lo cual equivale al triple de reuniones realizadas en el proceso presidencial de 2006.