Tras conocer el informe de Human Rights Watch acerca de la situación de los derechos humanos en México, la Secretaría de Gobernación (SG) respondió que la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública es temporal y subsidiaria a petición fundada y motivada de las autoridades civiles.

Gobernación aseveró que cuando la Procuraduría de Justicia Militar conoce de presuntos ilícitos cometidos por elementos castrenses, inicia la averiguación previa para, en su caso, fincar las responsabilidades correspondientes.

En México los elementos castrenses que incurren en delitos son procesados y sancionados conforme a derecho, por lo que el fuero militar no es espacio de impunidad ni privilegios.

En un comunicado, la Secretaría de Gobernación señala que el Estado mexicano ha emprendido una política interna orientada a institucionalizar y consolidar políticas públicas en materia de derechos humanos.

Aseguró que en la lucha contra el crimen organizado las instituciones de seguridad pública federal se rigen por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.

La dependencia detalló también las acciones de coordinación entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con el fin de establecer protocolos de prevención y estrategias de actuación para reparar violaciones a las garantías individuales cometidas por elementos castrenses.

Aseguró que la Sedena trabaja con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos en el seguimiento de las recomendaciones internacionales y de situaciones de preocupación en este tema.

Asevera que “debe reconocerse el amplio esfuerzo en materia de fortalecimiento institucional y capacitación en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario por parte de las fuerzas armadas.

La administración del presidente Felipe Calderón continuará trabajando por promover, defender y transversalizar en todos los ámbitos la cultura de derechos humanos, con el objetivo de consolidarla como una política de Estado, concluye la respuesta de la Secretaría de Gobernación a Human Rights Watch.