En su informe mundial 2010, Human Rights Watch (HRW) sostiene, en el capítulo México, que el presidente Felipe Calderón Hinojosa ha delegado mayormente en las fuerzas armadas la lucha contra la violencia relacionada con el narcotráfico y el crimen organizado. En sus actividades de seguridad pública, las fuerzas armadas mexicanas han cometido graves violaciones a derechos humanos, torturas, violaciones sexuales y detenciones arbitrarias.

En el informe de 612 páginas, presentado ayer en Washington por el director ejecutivo de HRW, Kenneth Roth, se da cuenta de las condiciones de los derechos humanos a escala mundial en 2009 y, en el caso de México, se resalta que permite sistemáticamente que las fuerzas militares se investiguen a sí mismas a través de un sistema de justicia militar que garantiza la impunidad de los abusos cometidos por el Ejército.

El organismo subraya que el sistema de justicia penal de México padece graves problemas de derechos humanos, como el uso de la tortura, que continúa siendo un problema generalizado, y el maltrato por parte de las autoridades encargadas de aplicar la ley que, además, no juzgan adecuadamente los delitos.

El informe resalta que el sistema judicial mexicano no ofrece justicia a las víctimas de crímenes violentos y de violación a derechos humanos. Esta falla, considera, responde a diversas causas: corrupción, falta de capacitación, recursos insuficientes y prácticas abusivas de la policía, sin ningún tipo de rendición de cuentas.

Roth, director ejecutivo de HRW, y José Miguel Vivanco, director del organismo para las Américas, comentaron lo expuesto en el informe sobre que los soldados mexicanos continúan cometiendo abusos aberrantes durante su participación en actividades de seguridad pública. Argumentan estos abusos basados en la cantidad de denuncias contra el Ejército presentadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que creció 600 por ciento entre 2006 y 2008, y tan sólo en el primer semestre de 2009 se tenía el registro de 559 denuncias en ese organismo.

El Informe Mundial 2010 de Human Rights Watch, titulado Los abusadores de derechos humanos atacan a los mensajeros, señala que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha documentado 128 casos de violencia o intimidación contra defensores de derechos humanos mexicanos desde 2006; 27 de estos actos contra activistas se produjeron en la primera mitad de 2009.

Los métodos de intimidación más comunes han sido las amenazas contra la vida, a su integridad física mediante correos electrónicos, llamadas telefónicas o notas anónimas. La lista incluye 10 asesinatos. Como ejemplo se da cuenta de dos defensores que habrían sido secuestrados en Guerrero por la policía en 2009, y sus cuerpos fueron hallados días después con visibles marcas de tortura.

Respecto de la libertad de expresión e información, HRW subraya que en México “diversos periodistas, especialmente aquellos que han realizado investigaciones vinculadas con el narcotráfico o que han criticado a los gobiernos de los estados, han sido víctimas de hostigamiento y agresiones. Citan que en julio de 2009 fue encontrado el cuerpo de un periodista enterrado cerca de Acapulco, y que había sido brutalmente golpeado. Tenía las manos y los pies atados y la cabeza envuelta con cinta adhesiva. Siete periodistas mexicanos han desaparecido desde 2005.

Cinco de estos desparecidos habían investigado los vínculos entre funcionarios locales y la delincuencia organizada. Estos hechos han suscitado un clima de autocensura en algunas regiones del país.

El informe destaca también que las leyes mexicanas no protegen adecuadamente a las mujeres y niñas de la violencia doméstica y el abuso sexual. Algunas disposiciones son abiertamente contrarias a los estándares internacionales, como aquellas que establecen sanciones para algunos delitos sexuales en función de la castidad de la víctima o penalizan la violencia doméstica únicamente cuando la víctima ha sido golpeada en reiteradas oportunidades.

HRW da cuenta de que la actividad sindical legítima continúa siendo obstaculizada por los convenios colectivos negociados entre los sectores patronales y los sindicatos afines a éstos.

A menudo estos convenios no ofrecen a los trabajadores otros beneficios que los mínimos impuestos por las leyes mexicanas. Quienes intentan organizar sindicatos independientes se exponen a perder sus empleos en virtud de leyes inadecuadas y su ejecución deficiente, que por lo general no protege a los empleados frente a despidos dispuestos como represalia.

La organización internacional defensora de los derechos humanos resalta que la CNDH, pese a su amplio mandato y a sus importantes recursos, pese a identificar obstáculos sistemáticos que se interponen al avance de derechos fundamentales en general, no ha exigido a las instituciones gubernamentales que reparen los abusos documentados, ni ha promovido las reformas necesarias para evitarlos.