Campeche, Camp., 19 de enero. Integrantes de la Resistencia Civil Pacífica contra las Altas Tarifas Eléctricas denunciaron que autoridades judiciales del estado se niegan a acatar un amparo concedido por el tribunal colegiado de circuito con sede en Mérida, Yucatán, que ordena liberar a los luchadores sociales Sara López, Joaquín Aguilar y Guadalupe Borjas, por no haber encontrado elementos para mantenerlos presos por protestar contra los cobros arbitrarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Luego de marchar por las principales avenidas de la capital y efectuar plantones en las oficinas de la Procuraduría General de la República, el palacio de gobierno y los juzgados de distrito, los manifestantes anunciaron que ante esta abierta violación a la ley y a los derechos humanos, el próximo fin de semana recibirán la visita de observadores de Amnistía Internacional, quienes analizarán el expediente y harán una observación al gobierno mexicano.

Rubén Pérez Pérez, dirigente del movimiento, y Miguel Valladares, representante de la Unión de Agrupaciones de Izquierda en Campeche, recordaron que los tres dirigentes se encuentran en el penal de Francisco Kobén por haber encabezado a habitantes inconformes del municipio de Candelaria. En esa ocasión fueron apresados cinco líderes, pero dos fueron liberados por falta de pruebas.

Los luchadores sociales apelaron del fallo que concedió la orden de aprehensión y recurrieron al tribunal colegiado de circuito en Mérida, que ordenó liberarlos.

Miembros del organismo ciudadano ya presentaron los documentos correspondientes para tramitar la excarcelación, pero las autoridades se niegan a cumplir.

Lamentaron que el gobierno de Campeche haya premiado a Augusto Trejo Castro, promotor de la demanda penal contra los activistas, pues era superintendente de la CFE en julio de 2009 –cuando se realizaron las detenciones– y fue nombrado secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas en el gabinete del gobernador Fernando Ortega Bernés.

Anunciaron que ante esta represión gubernamental intensificarán las protestas, pues detrás de las acciones policiacas y de las 36 órdenes de aprehensión contra otros activistas hay un trasfondo político.