Durante diciembre pasado, los dos magistrados federales comisionados para la investigación del incendio de la guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, revisaron de manera personal las 19 guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en esa entidad, así como otros 14 lugares similares cuyos directivos tienen convenio de subrogación con el instituto.

En ese mes también sustrajeron de la guardería ABC, y de la bodega contigua donde comenzó el incendio, objetos necesarios para efectuar estudios periciales.

Además, se pidió a la directora general de asuntos jurídicos del municipio de Hermosillo que remitiera copias certificadas de la primera licencia municipal de funcionamiento y del permiso de uso de suelo de establecimientos (localizados en la zona del siniestro), según consta en el cuarto y penúltimo informe mensual de labores que los juzgadores dieron a conocer anoche a los padres de los 49 niños que murieron durante el incendio en Hermosillo, al cual se tuvo acceso.

En agosto pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó investigar el caso ABC y, aunque su indagación no tendrá efecto jurídico, los padres de familia consideraron, desde que supieron de esa decisión del máximo tribunal, que representa un paso contra la impunidad.

En esa ocasión, la Corte designó una comisión para la pesquisa, y en breve emitirá un dictamen en el que declarará si existió violación grave de garantías individuales y quiénes son los servidores públicos de los tres niveles de gobierno involucrados. Sin embargo, carecerá de efecto jurídico, pues el tribunal no puede fincar responsabilidades, ordenar reparaciones ni emitir recomendaciones.

Desde que iniciaron su investigación sobre la guardería ABC, los magistrados federales Carlos Ronzón y Rosario Mota Cienfuegos, ambos encargados de un tribunal en materia administrativa, han emitido cada mes un informe sobre lo actuado en las pesquisas.

En el informe correspondiente a diciembre pasado los magistrados indicaron que prácticamente ese mes lo utilizaron para visitar las guarderías de esa entidad y confirmar si cumplen con los requisitos legales para operar.

El 1º de diciembre de 2009 se autorizó a los magistrados comisionados la práctica de las diligencias necesarias para la revisión física de las 19 guarderías ubicadas en Sonora, así como las 14 cuyo convenio de subrogación tiene celebrados el IMSS con patrones, refiere el informe entregado a la SCJN.

En esa fecha se solicitó al delegado de la Procuraduría General de la República en Sonora que (ordenara) que se permitiera el acceso a los expertos que practicarían la prueba pericial, agrega.

Se solicitó al director general de la policía estatal investigadora de Sonora apoyo (para) proporcionar dos elementos de la corporación y una patrulla para que (vigilaran) mientras los peritos desarrollen su encomienda, destacan los magistrados.

El 9 de diciembre se solicitó al agente del Ministerio Público, titular de la mesa 5, de la agencia 2 de procedimientos penales, zona centro, en Hermosillo, Sonora, informara si existía algún inconveniente de su parte para que los peritos sustrajeran del local de la guardería ABC, y bodega contigua, algunos objetos necesarios para su estudio, puntualizaron.

Anoche, los dos magistrados se reunieron con familiares de los niños muertos, en lo que fue la penúltima junta informativa antes que los juzgadores rindan su informe definitivo a los ministros de la Corte.