a catástrofe provocada en Haití por el sismo que tuvo lugar hace una semana ha dado lugar a una movilización acaso sin precedente de ayuda humanitaria, tanto gubernamental como civil, en numerosos países, que se ha traducido en el envío de equipos de rescate, brigadas médicas, grupos de bomberos, tropas y cuerpos policiales, así como también en el despacho de alimentos, medicinas, equipo médico y enseres básicos, y en una recolección de fondos prácticamente planetaria. A pesar de tales esfuerzos, la situación en Puerto Príncipe y localidades aledañas se mantiene en el caos y avanza hacia una violencia al parecer indetenible. La ayuda llega, pero no fluye hacia la población; su distribución da lugar a disturbios y enfrentamientos; para muchos, el pillaje de comercios en ruinas se vuelve la única forma de conseguir alimentos, y la desesperanza de la población, colocada en extremo desamparo, se topa con el pasmo de lo que queda de las autoridades locales y con la patente descoordinación de las fuerzas estadunidenses, la misión de la ONU –asimismo golpeada y parcialmente desarticulada por la muerte de varios de sus integrantes– y los otros equipos internacionales que han llegado en los últimos días a la infortunada nación caribeña.

Con ese telón de fondo, empiezan a proliferar las acusaciones entre gobiernos –particularmente crudos fueron los señalamientos de Venezuela y Francia hacia el papel que Estados Unidos está desempeñando en Haití– y los disensos y rivalidades en la comunidad internacional. Mientras los haitianos se mueren de hambre y de las heridas que les dejó el terremoto, y se enfrentan a la perspectiva desoladora de brotes epidémicos por las pésimas condiciones de higiene en las que sobreviven, organismos y gobiernos de fuera parecen empeñarse en sacar tajada propagandística de la tragedia. Un dato inquietante, obtenido por La Jornada en Puerto Príncipe y publicado en su edición de ayer, es que en la misión de la ONU en Haití 90 por ciento de los millones de dólares que llegan son para financiar el aparato, y 10 por ciento llega efectivo a la gente.

Lo cierto es que, junto con los edificios gubernamentales, los hospitales, las escuelas, los comercios y las viviendas de centenares de miles de personas, en Haití se desplomó lo que quedaba de soberanía nacional, y que hoy el país se encuentra a merced de la asistencia foránea en casi todos los terrenos: la seguridad, la alimentación, la salud y las comunicaciones dependen de gobiernos extranjeros, de agencias internacionales y de organismos no gubernamentales.

En tales circunstancias, los principales remitentes de asistencia, Estados Unidos, Europa y América Latina, deben emprender un esfuerzo de coordinación sin precedente para asistir a la población haitiana en la emergencia, pero también para ayudar al país caribeño a salir del estado de postración en el que se ha encontrado a lo largo de su historia y que explica, junto con la intensidad del fenómeno telúrico, la magnitud del desastre. En otros términos, no basta con aportar a los haitianos comida y atención médica para que enfrenten la circunstancia actual; si algo bueno puede quedar de ella es la conformación de un vasto programa internacional que vaya más allá de los intereses de gobierno y de las mezquindades burocráticas y que se fije como objetivo el desarrollo del país.