Muchos países de América Latina están en el camino de la recuperación económica, pero el panorama para 2010 no es positivo para todos. Algunos gobiernos sufrirán merma de popularidad, derrotas electorales y un significativo riesgo de perturbación social. Otros desafíos en la región son las tensiones diplomáticas, la violencia criminal y la secuela del golpe de Estado en Honduras.

La crisis económica ha elevado el deseo de los electores de cambiar de gobernantes. Ya en 2009 Centroamérica vivió dos cambios históricos en el poder. En El Salvador, el Frente Farabundo Martí ganó las elecciones legislativas y presidenciales, mientras en Panamá Ricardo Martinelli derrotó por amplio margen a Balbina Herrera, candidata del gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD). Los partidos en el poder en México y Argentina también sufrieron significativas pérdidas en las elecciones legislativas de medio término.

Estímulo económico

En contaste, otros gobiernos se han beneficiado de su manejo de la recesión. En Uruguay, José Mujica, candidato del gobernante Frente Amplio, venció a Luis Alberto Lacalle, del derechista Partido Nacional. En las próximas elecciones en Costa Rica, Colombia y Brasil, es probable que los partidos en el poder lo retengan, gracias al menos en parte a la aplicación de medidas de estímulo económico.

La perturbación social continuará siendo un desafío en muchos países, pues la crisis de 2009 revirtió las paulatinas mejoras que se habían logrado en años anteriores respecto de las crónicas desigualdades de ingreso. El ambiente político es inestable en la región andina –en particular en Perú, Bolivia y Ecuador–, así como en Argentina y Venezuela, países todos donde existe un fuerte arraigo de la protesta pública y el desencanto con los partidos políticos tradicionales.

También gran parte de América Central es vulnerable a un marcado deterioro de los indicadores sociales, al igual que varios países del Caribe, entre ellos República Dominicana y Haití, ahora devastado además por el terremoto del martes 12 de enero.

Pocos países de la región enfrentan la amenaza de una intervención militar al estilo de Honduras. Sin embargo, el golpe de junio de 2009 tuvo enorme significado regional al exponer una persistente debilidad de liderazgo. El manejo de la crisis ha suscitado cuestionamientos a la política estadunidense en el hemisferio, a la significación de la diplomacia latinoamericana y a la capacidad de los gobernantes tanto de EU como de AL de desalentar transiciones ilegales del poder en el futuro. El cambio de postura que tuvo Washington ante las presiones domésticas hizo perder la oportunidad de que el presidente Obama cambiara la percepción de que su país apoya a regímenes antidemocráticos cuando así conviene a sus intereses.

La aceptación de la elección organizada por los golpistas hondureños también sienta un preocupante precedente para otras zonas de la región donde los gobiernos son acosados y existe alta polarización política. En Nicaragua, la decisión tomada por la Suprema Corte el pasado octubre de permitir al presidente Daniel Ortega postularse a la relección en 2011 tiene el potencial de crear inestabilidad y conflicto, con riesgo incluso de un derrocamiento semejante al de Honduras.

Los esfuerzos de algunos gobiernos por desviar la atención de las críticas internas han dado pábulo a periódicas disputas diplomáticas. Un ejemplo son las crecientes críticas del presidente peruano, Alan García, hacia Chile sobre el añejo tema de la pérdida de territorio frente a este país en el siglo XIX, seguidas por acusaciones de que Santiago está desatando una carrera armamentista en la región con su alto gasto militar.

Las relaciones entre Colombia y sus vecinos Ecuador y Venezuela seguirán siendo tensas. El motivo más reciente es el acuerdo entre EU y Colombia para que los estadunidenses usen siete bases militares en territorio colombiano para actividades antinarcóticos y antiterrorismo. En algunos puntos fronterizos esta crispación podría conducir a hechos de violencia.

El crimen violento, un reto aún mayor

En muchos países, instituciones estatales de seguridad lastimosamente inadecuadas (en parte debido a la debilidad de las finanzas públicas) complicarán también los esfuerzos por contener una intensificación de los niveles de criminalidad. En México, el gobierno de Felipe Calderón ha presentado el fuerte aumento de los crímenes violentos como un efecto colateral inevitable del combate militar a los cárteles de la droga, pero ese tema ha contribuido a la erosión de la autoridad política del presidente y será un factor importante en las elecciones generales de 2012. Frenar el aumento del crimen y el tráfico de drogas en la frontera con México es prioritario para Estados Unidos en su agenda bilateral.

El narcotráfico también se desparrama cada vez más hacia el sur y afecta a varios países de Centroamérica, donde las fuerzas de seguridad están mal equipadas para encarar tales retos. Esta situación es también un grave problema en el Caribe, que depende en gran medida del turismo. La perspectiva de un continuo ascenso del crimen podría ahuyentar a visitantes extranjeros, en un momento en que muchas islas ya enfrentaban fuertes caídas en llegadas a consecuencia de un decremento de la demanda de Estados Unidos y Europa. El deterioro de las posiciones fiscales dificultará dedicar recursos adicionales a la seguridad pública, y algunos países podrían incluso verse obligados a recortar el gasto en las fuerzas policiacas.

Traducción de textos: Jorge Anaya

Fuente: EIU