Acusa a la empresa de tener una posición monopólica
Martes 19 de enero de 2010, p. 23
Buenos Aires, 18 de enero. El gobierno argentino advirtió este lunes que estudia la posibilidad de restatizar la empresa de telecomunicaciones Telecom, controlada por su matriz italiana, con lo que la compañía se sumaría a una decena de empresas privatizadas en los años 90 que volvieron a la órbita pública.
El gobierno de Cristina Kirchner acusa a Telecom Argentina de tener una posición monopólica en el mercado del país sudamericano. De no prosperar (las actuaciones) en el campo judicial, vamos a enviar al Congreso de la Nación toda la normativa necesaria para restituir al Estado nacional toda la operación
de Telecom Argentina, advirtió en conferencia de prensa el ministro de Planificación, Julio De Vido.
El funcionario acusó a la justicia argentina de ser muy lenta en lo que respecta a las presentaciones del gobierno, pero muy eficaz para prestarse a los pedidos de Telecom Italia.
En 2009 las autoridades locales pidieron a Telecom Italia que vendiera sus activos en Argentina, por considerar que el ingreso al capital de esa empresa de Telefónica de España daña la competencia en el mercado local de telecomunicaciones.
Telefónica y Telecom controlan 90 por ciento de la telefonía fija en Argentina, tras la privatización de la empresa estatal del sector en 1990, durante el gobierno de Carlos Menem (1989-1999).
No nos va a temblar el pulso para hacer lo que tengamos que hacer para defender el país contra las concentraciones monopólicas
, insistió De Vido. El conflicto entre el Estado argentino y Telecom se encuentra ahora en proceso judicial.
Telefónica de España y la italiana Telecom Italia decidirán en tres meses entre el divorcio y la fusión, anunció este lunes el diario italiano La Repubblica.
El funcionario argentino recordó que la empresa de telecomunicaciones apeló ante la justicia el pedido de desinversión formulado por el gobierno argentino, con base en chicanas (artilugios judiciales) y agravios
, y aseguró que se va a defender la seguridad jurídica
del país.