El presidente del Comité de Administración de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Víctor Hugo Romo, afirmó que de 2006 a 2009 al menos cuatro empresas privadas fueron favorecidas con obras públicas en la delegación Miguel Hidalgo, que implicaron pagos por cerca de 269 millones de pesos, por lo que los ex titulares de esa demarcación en esos años, Gabriela Cuevas y Alfredo Vinalay, así como el actual jefe delegacional, Demetrio Sodi, deben explicar esa situación.

La opinión del legislador fue externada un día después de que su compañero de bancada, Leonel Luna, señaló que se solicitarán auditorías especiales para diversos contratos adjudicados en ese trienio, y de que comentó que al menos 19 ex servidores públicos de esa demarcación fueron sancionados por la Contraloría Interna debido a diversas anomalías.

Ayer, el perredista Romo Guerra detalló que Impulsora de Desarrollo Integral, Promotora y Diseñadora, Desarrollo Urbano Integral e Ingeniería Integral Internacional México son las principales empresas a las que Cuevas Barrón encargó diversas obras durante su gestión.

Precisó que a Desarrollo Integral se le adjudicó un contrato por 94.5 millones de pesos; a Promotora y Diseñadora otro más, por poco más de 3 millones y medio de pesos; Desarrollo Urbano Integral obtuvo otra obra por 165.1 millones, y a Ingeniería Integral Internacional México se le pagaron 5.4 millones de pesos por trabajos realizados.

Según el perredista, existen denuncias ciudadanas que señalan que a la compañía Desarrollo Urbano Integral le entregaron 30 millones de pesos como anticipo, pero como se suspendió la obra, sólo gastó 3 millones. Entonces tenía que devolver 27 millones, pero no se han entregado cuentas mediante una auditoría oficial.

Fue más allá al considerar que “la corrupción en la que incurrió Gabriela Cuevas la descalifica para seguir al frente de la Comisión del Distrito Federal de la Cámara de Diputados, e incluso mantener la diputación.

En cuanto a Demetrio Sodi, dijo que no puede hablar de transparencia y lucha contra la corrupción hasta que solicite de manera oficial el desafuero de Gabriela Cuevas para que se someta a investigación, pues si no lo hace continuará siendo parte de la red de corrupción existente en la delegación Miguel Hidalgo”, añadió Romo.

Para concluir, dijo que es fundamental que la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa inicie a la brevedad una auditoría a esa delegación, para esclarecer las anomalías y deslindar responsabilidades.