El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana advirtió que en los próximos días Grupo México, apoyado por el gobierno federal, presionará a los magistrados del segundo tribunal colegiado del primer circuito en materia de trabajo del Distrito Federal para que resuelva dar por terminada la relación laboral de los trabajadores de la sección 65 de Cananea con esa empresa, y con ello se levante la huelga de manera unilateral.

El dirigente de este sindicato, Napoleón Gómez Urrutia, señaló que el camino que ahora ha emprendido la empresa es presionar y amenazar a los magistrados para lograr un fin ilegal de la relación laboral.

Desde Vancouver, Canadá, el dirigente señaló que sigue latente la amenaza de un golpe y una traición contra los trabajadores y la huelga de Cananea –la cual lleva más de dos años y medio–, por medio de una resolución ilegal.

Sostuvo que así lo han estado externando de manera cínica y arrogante los funcionarios y directivos de la propia empresa, cuando han declarado que van a retomar el control de la mina de Cananea en los primeros meses del actual 2010.

Dijo, sin embargo, que este sindicato confía en que los magistrados no van a caer en esa provocación de Grupo México y van a actuar de manera objetiva e imparcial para resolver en favor de los trabajadores de Cananea, confirmando como establecidas y vigentes las relaciones laborales de trabajo, tanto individuales como colectivas.

El sindicato minero, aseguró el dirigente, está preparado para proteger los intereses de sus agremiados, que han hecho sacrificios enormes en estos más de dos años para mantenerse en una posición de huelga. Su esfuerzo es simplemente heroico.

Gómez Urrutia planteó que Grupo México está reclutando en Nacozari, Sonora, a más de 200 esquiroles para enviarlos a Cananea con el fin de romper el movimiento de huelga.

Ante ello, todas las secciones se han manifestado en solidaridad con los trabajadores y el sindicato se prepara para interponer todos los recursos legales de que dispone para defender el derecho de huelga.