El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (IIJ-UNAM) plantea la creación de un Consejo de Estado que a partir de septiembre próximo apoyaría al Presidente de la República en su función de jefe de Estado y, junto al gabinete, aconsejarle y gestionar lo que tenga que ver con el gobierno a partir de 2012.

Para integrar el Consejo de Estado, se proponen tres tipos de miembros. Los ordinarios serían quienes hubiesen ocupado las presidencias de las mesas directivas de las cámaras de Diputados y Senadores. Los naturales serían los ministros en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y quienes se hayan desempeñado como jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a propuesta del Estado mexicano, los ex titulares del Banco de México y los ex rectores de la UNAM.

Y a partir de 2018, los ex presidentes de la República podrán formar parte del Consejo de Estado como miembros honorarios, con voz pero sin voto.

Por encargo del Senado –mediante el Instituto Belisario Domínguez– el IIJUNAM elaboró un conjunto de propuestas para actualizar la forma de gobierno federal. Entre las iniciativas del instituto destaca el de hacer partícipe al Congreso federal del nombramiento del gabinete legal del presidente de la República.

Al Senado le competería participar en la ratificación, mediante mayoría simple, de los secretarios de Gobernación, Relaciones Exteriores, Seguridad Pública, Defensa, Marina, Hacienda y Crédito Público y Economía. La Cámara de Diputados incidiría en la aprobación de los nombramientos de los titulares de Desarrollo Social, Educación Pública, Salud, y Trabajo y Previsión Social.

Con objeto de profesionalizar la gestión pública, el organismo universitario propone la creación de un servicio civil de carrera de la administración pública federal. La operación le tocaría a un órgano descentralizado autónomo del Ejecutivo federal.

Por lo que hace a las facultades del Congreso de la Unión, el IIJUNAM recomienda que se reintegre al Senado la potestad constitucional de participar en la definición de los egresos de la Federación. Garantizaría de mejor manera el equilibrio interterritorial en la proyección del presupuesto y fortalecería el control de los gastos públicos del Poder Ejecutivo.

En el cuerpo del trabajo entregado por el instituto se aborda la responsabilidad del Ejecutivo federal para rendir cuentas continuamente a las cámaras del Congreso. Cada año el presidente de la República deberá entregar al Congreso de la Unión un informe anual de su gobierno en el Palacio Legislativo de San Lázaro, personalmente o por conducto del secretario de Gobernación.

Si se diera el caso de que el Ejecutivo se presente para entregar por escrito su documento podrá exponer de manera sucinta su informe ante el pleno camaral. Tras haber leído el texto se podrá retirar y corresponderá al secretario de Gobernación responder puntualmente a las preguntas que formulen los grupos legislativos.

La sustitución del presidente de la República por ausencia absoluta no ha sido resuelta por el Congreso. De tal forma, el IIJ-UNAM propone que, a través de una ley de desarrollo constitucional –encargada de “preservar la majestad de la Constitución, y diferenciada de la Ley del Congreso– se establezca una lista de los funcionarios que sustituirán en forma automática al jefe del Ejecutivo. Ellos serían, por orden de importancia, los secretarios de Gobernación, Relaciones Exteriores, Hacienda y Crédito Público y Economía.

Posteriormente la elección del presidente interino, provisional o sustituto se efectuará en sesión del pleno del Congreso de la Unión. El quórum exigible será computado sobre la base de los miembros presentes del Congreso, para evitar que por estrategia facciosa un partido político se sustraiga y pretenda facturar el quórum requerido para la designación del presidente de la República.

Por otra parte, se pretende que, a efecto de conservar su registro, cada partido deberá obtener 2 por ciento de los votos emitidos en al menos dos terceras partes de las entidades federativas.

En cuanto a la integración de las cámaras del Congreso de la Unión, el instituto propone que para 2012 no se modifique la conformación actual de las cámaras en cuanto al número de integrantes, sin antes evaluar si las nuevas atribuciones de control continuo que se les asignarían a las comisiones del Congreso justifican un Poder Legislativo federal con 628 miembros en total (entre diputados y senadores), o por el contrario un número menor.

Hacia 2015, medidos empíricamente los resultados del control interorgánico que sean capaces de realizar los 628 legisladores, se propone analizar y debatir nuevamente la cuestión del número de integrantes de las cámaras.