ueltas y más vueltas da el gobierno calderonista en su visceral confrontación con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Un día convoca y al siguiente cancela; al siguiente pide sentarse a negociar, no sin antes advertir que no hay nada que negociar; más adelante acepta la participación de una comisión de notables en las negociaciones, para 24 horas después exigir negociación directa con el SME. Y tres meses después del decretazo, la fiesta no concluye. Entonces, simple y sencillamente, no quiere que se resuelva, denuncia Martín Esparza, mientras uno de los cinco notables advierte sobre la posibilidad del endurecimiento del inquilino de Los Pinos y la utilización de instrumentos que siempre deben ser los últimos ejercidos por un Estado, que es el uso de la fuerza para arreglar de una vez por todas el conflicto con la organización obrera.

En este deplorable circo algunos consideran que la cerrazón gubernamental no es más que falta de visión política, aunque otros advierten que en realidad es producto de una excesiva visión de negocios privados con bienes de la nación, toda vez que el objetivo del decretazo del pasado 11 de octubre es que el capital privado ocupe el espacio de la otrora paraestatal Luz y Fuerza del Centro al capital privado y quitar del camino al único estorbo (léase el SME).

Cuando menos esa es la conclusión a la que llega el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, en un detallado análisis sobre la situación actual del sector eléctrico en México: con la extinción de Luz y Fuerza del Centro puede abrirse una nueva restructuración en el sector eléctrico, y aunque la actividad principal de esa empresa era la distribución y el despacho económico, la empresa contaba con activos de generación y transformación. Con base en la ley vigente, existe la posibilidad de que la actividad de generación que tenía a su cargo LFC pueda ser concesionada a productores independientes de energía...

Lo anterior cuadra perfectamente con la anunciada pretensión de Felipe Calderón, hecha pública desde su efímero paso por la Secretaría de Energía en tiempos de Fox, de privatizar el sector eléctrico (dar certidumbre jurídica a los inversionistas, obviamente privados), en el que la participación de los llamados productores independientes ha crecido como la espuma con los panistas en Los Pinos.

En efecto, de finales de 2000 a mediados de 2009 la capacidad instalada de los referidos productores independientes en el sector eléctrico se incrementó en casi 2 mil 300 por ciento y la de los permisionarios privados en 135 por ciento, mientras la correspondiente a la Comisión Federal de Electricidad creció 40 por ciento y la de la extinta Luz y Fuerza del Centro 42 por ciento, de acuerdo con el citado análisis de la Cámara de Diputados.

No está en duda la falta de visión política del calderonato (allí están los resultados), pero es notoria la vocación privatizadora del panismo y la enfermiza tendencia de sus dos inquilinos de Los Pinos de armar negocios privados con bienes públicos. En el caso de Luz y Fuerza del Centro en la mesa del patrón está servido el apetitoso manjar que representa la red de fibra óptica (mil 100 kilómetros) financiada con recursos de la nación. Y las jugosas utilidades (privadas, según el plan gubernamental) están a la vista: la red de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad tiene 26 mil kilómetros de longitud, y mil 100 kilómetros la de LFC. Sin embargo, la primera tiene en promedio 2 mil 961 clientes potenciales por kilómetro; la segunda, 27 mil 273 clientes por kilómetro (10 veces más, en una de las zonas del país con mayor poder adquisitivo y desarrollo tecnológico).

Entonces, las vueltas y vueltas se resumen en la obvia la falta de visión política, revestida con autoritarismo, del inquilino de Los Pinos, pero también el vergonzante vicio de armar negocios privados con recursos públicos. De acuerdo con el análisis de la Cámara de Diputados, a partir de los intentos de reforma estructural del sector eléctrico a finales de la década de los 90, el sector eléctrico mexicano ha presentado un cambio estructural importante desde el punto de vista del sector institucional que genera el fluido eléctrico, es decir, en el último quinquenio se observa una importante participación del sector privado en la capacidad instalada y generación de energía eléctrica. Recientemente con la desaparición de Luz y Fuerza del Centro, el sector eléctrico continuará presentando modificaciones al interior de su estructura.

Además, con relación a las leyes aprobadas en la Reforma Energética de octubre de 2008, la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, tiene como objeto regular el aprovechamiento de fuentes de energía renovables y tecnologías limpias para la generación de electricidad que no estén contempladas (constitucionalmente) en la prestación del servicio público de energía eléctrica, en otras palabras, esta ley está orientada a fomentar la participación de particulares en la producción independiente en proyectos de generación de electricidad a partir de energías alternas.

El sector eléctrico mexicano ha sido objeto de diversos cambios en su estructura, y a lo largo de su desarrollo se pueden identificar tres etapas: la primera, comprende desde las primeras inversiones en electricidad en el último cuarto del Siglo XIX hasta la creación de la Comisión Federal de Electricidad en 1937. La segunda, a la expansión de CFE, que incluye su nacionalización en 1960 y la unificación e interconexión del sistema en 1976 hasta conformar un sector integrado, en ella se observa la presencia de un modelo monopólico integrado verticalmente. La tercera inicia a partir de las modificaciones al marco jurídico en 1992, con la apertura a la participación privada en la generación de electricidad, hasta la extinción de Luz y Fuerza del Centro. Este último hecho permite vislumbrar una nueva etapa en la estructura de este sector.

Las rebanadas del pastel

Por si alguna duda quedara en los legisladores que exigieron, y lograron, la comparecencia de Ernesto Cordero ante la Comisión Permanente, la Secretaría de Hacienda les notificó oficialmente que congelar o disminuir los precios de las gasolinas y el diesel implicaría mayor rezago en su costo, con sus consecuentes perjuicios sobre las finanzas públicas federales, estatales y municipales... al disminuirlos se estaría dando una señal errónea a los consumidores. Entonces, los de San Lázaro y Xicoténcatil ya pueden actuar en consecuencia (congelar precios de los combustibles), como lo anunciaron días atrás.

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