nte la Comisión Federal Reguladora de Energía de Estados Unidos (FERC, por sus siglas en inglés), Sempra de San Diego reconoció que durante el periodo de crisis energética (2000-2001) manipuló el suministro de electricidad, dirigiendo el flujo a otros estados, para luego revenderlo a mayor precio en California.

El método consistía en saturar el mercado eléctrico de California, vaciarlo cuando las autoridades estatales pedían detener el flujo, enviarlo a intermediarias de Oregon, esperar que California decretara la emergencia y vender la energía con precios de hasta 300 por ciento más caros.

Dicha crisis especulativa le causó al estado de California pérdidas por 9 mil millones de dólares y fue la causa principal de la caída del gobernador Gray Davis.

Esta misma trasnacional, que reconoció ante las autoridades californianas ser la responsable de uno de la mayores fraudes energéticos, fue arropada, protegida y mimada por los gobiernos panistas de Baja California y de México.

Para documentar la enorme confianza que le dispensan los gobiernos panistas, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) le otorgó a la fraudulenta empresa trasnacional un contrato para suministro de gas natural por 15 años por mil 400 millones de dólares.

Se habla de un parentesco político entre el director de CFE Alfredo Elías Ayub y el chairman de Sempra, Donald Felsinger. ¿Será? ¿Y Cristina Kessel, representante legal de Sempra Energy, no tiene ningún parentesco con Georgina Kessel, secretaria de Energía del gobierno federal?

Durante el sexenio de Vicente Fox, sus visitas a Baja California tenían como propósito principal supervisar la instalación de las plantas de generación de energía eléctrica de exportación y la terminal de gas licuado que convirtieron al estado en el sótano de máquinas del sur de Estados Unidos.

El ingreso a Mexicali le regala al viajero una vista panorámica, pletórica de gases y plantas de producción energética cuyo destino es Estados Unidos, al estilo de la escenografía de las películas de Mad Max, que en los meses de verano se le adiciona la temperatura necesaria para suponer que el destino ya nos alcanzó.

Por el lado de la costa de Baja California, en el municipio de Ensenada se construyó una terminal de almacenamiento de gas natural licuado, propiedad de Sempra, donde sobra decir las complicidades que se produjeron entre las autoridades de los gobiernos federal, estatal y municipal de cuño panista.

La regasificadora se edificó a pesar de las muchas protestas ciudadanas; los intereses políticos y económicos prevalecieron sobre la vida de los ciudadanos y de las especies animales, sobre todo marítimas, comprometiendo el desarrollo sustentable de las siguientes generaciones.

Cabe mencionar que una parte de los terrenos en los que se encuentra la citada planta regasificadora se encuentra aún en disputa legal, debido a una demanda en contra de la empresa por parte de un particular, quien la acusa de despojo, realizado con la complicidad de las autoridades estatales de aquel entonces, mismas que hoy son empleados de dicha trasnacional. ¿Simple coincidencia? El terreno en disputa se ubica en lo que sería el área de amortiguamiento del impacto ambiental de la planta.

En el sitio en que se construyó la regasificadora había una zona con vestigios arqueológicos, de los cuales se rescataron por el INAH algunas piezas, por lo que el daño al patrimonio de la nación es doble.

La manifestación de impacto ambiental que presentó Sempra a las autoridades para su aprobación, en forma dolosa omitió el hecho de que el proceso de regasificación se haría calentando el gas líquido con el agua de mar, haciendo suponer que su proceso no tendría injerencia con medio oceánico, ya que se regasificaría utilizando la combustión de su propio gas (ese es el método limpio, que se aplica en las naciones con conciencia ecológica y ciudadana, ya que las plantas que regasifican con agua de mar, según la OCDE se encuentran instaladas en los países con mayor índice de corrupción).

Omitieron señalar que su proceso enfriaría el agua los grados suficientes para provocar la alteración mortal del entorno, para los seres vivos que en ella han habitado, e igualmente omitieron señalar que el cloro contenido en el agua que retorna al mar después de su proceso de regasificación es en realidad un veneno que acabara, por si el frío no lo hace, con las especies de ese hábitat tan rico y tan variado, que constituye un verdadero bastión de la diversidad en esa zona de México y del mundo.

La península de Baja California alberga un patrimonio natural único en el mundo, con reservas de la biosfera y áreas de protección de flora y fauna que constituyen santuarios de diversas especies, incluyendo tortugas, hoy seriamente amenazadas por las gaseras.

Las aguas aledañas a la planta son ricas en alimento para especies protegidas como la ballena gris, misma que tiene en esa región un santuario excepcional para su reproducción. Además, en el contorno habitan una importante cantidad de especies de mamíferos y aves marinas, y las aguas marinas poseen una gran fuente de recursos pesqueros. Todo lo anterior, de no tomarse medidas inmediatas, está condenado a desaparecer, transformándose la belleza hoy existente en desolación y contaminación.

La aprobación de esta manifestación de impacto ambiental implica violaciones graves a la normatividad ambiental y hechos delictivos que tienen una consecuencia penal, si es que en este país existiera justicia.