Toluca, Méx., 12 de enero. Ante la inconformidad generada en el Poder Judicial mexiquense y la posibilidad de que sus integrantes promuevan una controversia constitucional, el gobernador Enrique Peña Nieto solicitó derogar las reformas que lo facultaron para designar a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, aprobadas en diciembre pasado por la mayoría priísta y sus aliados en el Congreso estatal, las cuales se publicaron ayer y entrarían en vigor hoy.

El mandatario turnó este martes a la legislatura mexiquense una iniciativa que deroga la reforma al articulo 61 de la Constitución estatal, a fin de que el nombramiento de magistrados del Tribunal sea una atribución exclusiva del Consejo de la Judicatura, como se estipulaba originalmente.

Juristas y jueces consideraron que la reforma era una injerencia inaceptable del Poder Ejecutivo en el Judicial.

La noche del lunes, el pleno de magistrados aprobó que José Castillo fuese relevado como presidente del Tribunal Superior de Justicia por Baruch Delgado Carvajal, uno de los opositores a las reformas aprobadas el 16 de diciembre, apoyado por otros juzgadores para exigir a Peña Nieto dar marcha atrás. Al principio el mandatario rechazó la petición, pero cedió cuando le advirtieron que si las promulgaba interpondrían una controversia constitucional.

Ante la cercanía de la selección del nuevo presidente del tribunal, surgieron dos grupos: uno encabezado por Delgado Carvajal y otro por la magistrada Deyanira Pérez, quien apoyó las reformas y se postuló con aval de su principal impulsor: el secretario general de Gobierno, Luis Miranda Nava.

En los primeros días de enero ambos magistrados comenzaron a cabildear en el Poder Judicial, pero el lunes por la noche Delgado Carvajal ganó la carrera. Luego de rendir protesta visitó a Peña Nieto con otros magistrados, y el gobernador les informó que daría marcha atrás en algunos puntos de la reforma, pero otros entrarían en vigor este martes, luego de publicarse en la Gaceta de Gobierno.

Según trascendió, ellos aceptaron la negociación, y Peña Nieto envió al Congreso la iniciativa de que sea el Consejo de la Judicatura y no el Ejecutivo estatal quien designe a los magistrados del tribunal, cuyo presidente ocupará el cargo en quinquenios en vez de trienios.

La contrarreforma se da por aprobada, dada la fuerza del PRI para lograr la mayoría calificada. Sin embargo, se informó que el Ejecutivo mantendrá la potestad de nombrar un miembro del Consejo de la Judicatura, que podría ser el ex comisionado de Derechos Humanos, Jaime Almazán Delgado. Por su parte, el Legislativo propondrá dos, que serán la ex subprocuradora de Justicia Teresa del Niño Jesús Palacios y el ex magistrado de lo contencioso administrativo Eduardo López Sosa.