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El anuncio de la improcedencia lo dio la STPS a unas cuantas horas de entregada la petición

Rechaza la JFCA recurso de revisión del contrato colectivo de trabajo del SME

Es otra marranada de Javier Lozano: Martín Esparza; presentará amparo contra la resolución

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Martín Esparza, dirigente del SME, acompañado del abogado José Antonio Miranda, realizó en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje el trámite para la revisión del contrato colectivo de trabajoFoto María Meléndrez Parada
 
Periódico La Jornada
Martes 12 de enero de 2010, p. 6

El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) interpuso ayer, ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), un recurso de revisión de su contrato colectivo de trabajo (CCT) para darle vigencia por dos años más, y seis horas más tarde la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) envió un comunicado de prensa en el cual señala que el órgano jurisdiccional resolvió declarar improcedente la solicitud.

Martín Esparza, secretario general del SME, advirtió que presentarán un amparo contra la resolución. La junta es un área administrativa, no puede resolver la terminación de un CCT cuando lo judicial aún no se resuelve. La notificación es otra más de las marranadas del secretario del Trabajo (Javier Lozano).

La STPS señaló, en comunicado de cuatro párrafos, que la JFCA “determinó negar el trámite, en virtud de ser un hecho público y notorio, que no debe ser demostrado, que con fecha 10 de octubre de 2009 el Ejecutivo federal emitió el decreto mediante el cual extinguió el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro (LFC), mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de octubre de ese mismo año”.

Además, que ante la junta especial número cinco de la JFCA se tramita la aprobación de la terminación de las relaciones de trabajo y, por ende, del CCT que regía en el extinto organismo descentralizado.

Como la solicitud fue dirigida al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a juicio del tribunal laboral ambas entidades no son sujetos obligados para ninguno de los efectos que pretende el SME.

La directiva del sindicato de electricistas interpuso cerca de las 12:30 del día la solicitud de revisión de su CCT, con el abogado José Antonio Miranda como su representante legal. Una vez presentados los documentos correspondientes en la oficialía de partes de Asuntos y Conflictos Colectivos de la junta, se entrevistaron durante algunos minutos, en privado, con la secretaria general de Conflictos Colectivos, Esperanza Bonifaz, a quien le explicaron que, en los términos de ley, el CCT del SME está vigente.

Eduardo Bobadilla, secretario del trabajo del SME, aclaró a sus compañeros –que se congregaron fuera del inmueble de manera pacífica y sin obstruir vialidad alguna, en respeto a la tregua de tres días– que la revisión de su contrato la presentaron conforme al artículo 399 de la Ley Federal del Trabajo.

Esparza, en entrevista previa, aclaró que su CCT disminuyó 60 por ciento su valor, por el número de electricistas que ya se liquidaron, de manera que la plantilla de trabajadores que no lo hemos hecho costará en promedio 3 mil millones de pesos.

Confió, en esos momentos, que el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, atienda, antes de las 18 horas de hoy, el llamado del grupo de notables para resolver el conflicto originado por el decreto de extinción de LFC.

“Si el gobierno no acepta los criterios de los notables, no sé qué quiere; no sé si busca que el conflicto se resuelva a través del derrame de sangre, que maten a trabajadores o sigan encarcelando gente. Creo –aseguró– que esto merece la atención de Gómez Mont.”

Aclaró que en caso de instalarse la mesa de negociación, Javier Lozano sólo debe acudir al final a firmar, porque para otra cosa no tiene caso. No ayuda, al contrario, encona más, polariza y genera más conflictos.

Por la tarde-noche, en el auditorio del SME se reunieron representantes de diversas agrupaciones sociales, políticas, sindicales y estudiantiles para aprobar el plan de los insurgentes, como denominaron a su estrategia de lucha contra el gobierno para este año.

Acordaron iniciar el proceso de construcción de lo que podría denominarse congreso social o constituyente. Las tareas son realizar la huelga política nacional para mediados de marzo o abril; reactivar el consejo nacional de huelga y trasladarlo a los estados; organizar la huelga general de pagos de luz, agua, predial, tenencia y otros servicios, lo que llamó el electricista Fernando Amezcua la desobediencia civil.

Además, integrar la demanda por aumento salarial de emergencia; organizar un recorrido nacional para informar sobre sus demandas y acciones; organizar una campaña propagandística casa por casa a fin de contrarrestar la ofensiva mediática, y continuar exigiendo la revocación de mandato de Felipe Calderón como Presidente de la República.

Para ello integrarán un comité organizador con intelectuales y artistas, entre otros, para elaborar una propuesta alternativa de celebraciones por el bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución.