En México el empleo es precario y de muy baja calidad. La contratación por honorarios, cuyos grandes promotores son los gobiernos de todos los niveles y partidos, convierte a los trabajadores en indocumentados o braceros del sistema laboral, porque carecen de casi toda garantía. Lo peor es que nos estamos acostumbrando a ese y otros métodos de desprotección, lamenta el experto Arturo Alcalde.

A su vez, Enrique de la Garza, catedrático especializado en temas laborales y ganador del Premio Nacional de Ciencias y Artes, coincide en que el gran problema de México no es el desempleo, sino la calidad de la oferta laboral.

Ésta ha empeorado porque son trabajos que no logran satisfacer las necesidades de quienes los realizan.

La consecuencia, continúa el académico, es que hoy la mayoría de los mexicanos viven peor que antes de la crisis.

Abogado laboralista y colaborador de La Jornada, Arturo Alcalde se queja del mal ejemplo impuesto particularmente por la Secretaría de Hacienda, al fomentar esa actitud de desprecio a las garantías laborales de la gente, cuando convalida la forma de contratación conocida como honorarios asimilables a salarios.

Ese sistema despoja de toda protección social al trabajador, pese a que el gobierno tendría que ser el encargado de procurar justicia. Estamos regresando a principios del siglo XX en muchas cosas. El Estado se muesta día a día incapaz de resolver los problemas de la gente.

Es así, puntualiza, porque quienes cobran bajo el régimen de honorarios carecen de estabilidad en el empleo y no tienen derecho a vacaciones, aguinaldo o promociones.

De ese modo, coinciden en que el segmento de trabajadores más calificado ha resentido los peores efectos de la crisis, sobre todo por las repercusiones de ésta sobre las empresas más modernas.

Los trabajadores relativamente en peor situación son quienes han quedado desempleados ahora, porque laboraban principalmente en las exportadoras que empleaban gente de mayor nivel educativo. Entonces, esta es una crisis que toca a la parte más moderna y dinámica de la economía, apunta De la Garza, catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana.

Arturo Alcalde, por su parte, denuncia otras dos formas contractuales irregulares: subcontratación y las que despliegan las llamadas empresas outsourcing. En el primer caso se trata, indica, de una figura indefinida expresada mediante muchas modalidades, con las cuales se rompe la esencia de la relación laboral, porque ataca el corazón del derecho del trabajador y niega la responsabilidad del patrón en la misma.

Con las outsourcing “hay muchas maneras de triangular. Un ejemplo: todos los trabajadores de Bancomer ya no son de ese banco, sino de ‘empresas de servicio’ que supuestamente proveen a la institución, pero en realidad pertenecen a ella misma y se crean con la intención de evadir responsabilidades laborales y no pagar utilidades”, explica el abogado.

Cualquier mínima investigación podría demostrar que gran cantidad de trabajadores se encuentran en ese tipo de empresas, porque ahí la clave está en la fórmula que les permite abaratar la mano de obra e imponer la flexibilidad de las condiciones de trabajo con dos características: complicidad gubernamental e indefensión de los empleados.

De esa manera, tanto desde el ámbito de la academia como del litigio laboral se establece una coincidencia: en México ha crecido la desprotección laboral. Y hay otras, como la firma de renuncias en blanco, muy aconsejadas actualmente, dice Alcalde, por despachos patronales a sus clientes, y los tribunales no han generado criterios para inhibir su uso y acreditarlo como forma de coacción.

Frente a ese panorama, De la Garza tampoco confía en el discurso oficial ni en el de organismos internacionales respecto de una mejoría en materia de empleo para este año.

Tengo mis reservas respecto de esas estimaciones, porque siempre parten de supuestos como el crecimiento de la economía de Estados Unidos. Pero si eso no ocurre, pues el cálculo oficial ya no será correcto. Por tanto, no es tan seguro que eso vaya a suceder.