abría que poner alto definitivo a las intenciones del gobierno por revertir los avances logrados en materia de transparencia a escala federal. Pronto se cumplirán ya tres años de la histórica reforma al artículo sexto constitucional que por consenso estableció el principio de máximo publicidad, la obligación de procedimientos expeditos, la creación de organismos garantes especializados e independientes y la publicación de indicadores de desempeño, entre otros aspectos. Sin embargo, hasta la fecha los poderes federales han rehuido su obligación de adecuar la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) al nuevo mandato constitucional.
Si bien esta omisión es grave, aún más lo son las recientes declaraciones del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, de que el gobierno federal está considerando dotar al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) de la facultad para revertir las resoluciones del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI). No satisfecho con las constantes evasivas que el gobierno da a los solicitantes de información, ni con imponer en el IFAI sus comisionados leales, el Ejecutivo ahora busca dar el tiro de gracia a este instituto para dejarlo reducido al papel de un ombudsman de buena voluntad sin ningún poder para obligar a los funcionarios federales a cumplir la ley.
Más allá de las proclamas triunfalistas de Felipe Calderón respecto de su compromiso
con la transparencia y la rendición de cuentas, los hechos desnudan a un Presidente de la República nostálgico de los tiempos del autoritarismo, cuando el jefe del Ejecutivo no contaba con contrapeso de ningún tipo. Este nuevo despropósito en materia de transparencia se suma a la pretendida desaparición de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y a las iniciativas por dotar al presidente tanto de iniciativas preferentes
que se aprobarían automáticamente como de exageradas facultades de veto de las normas avaladas por el Congreso. Este conjunto de propuestas nos deja ante un escenario de poder unitario que tendría muy poco que ver con las exigencias de cualquier sistema que se digne en reivindicarse democrático.
Si los sujetos obligados por la ley de transparencia tuvieran la facultad de impugnar los fallos del IFAI ante el TFJFA, nos encontraríamos ante una franca violación al mandato constitucional que requiere de procedimientos de revisión expeditos
sustanciados ante organismos especializados e imparciales
. El proceso de apelación ante el TFJFA inevitablemente alargaría la resolución de las solicitudes ciudadanas durante meses o hasta años, eliminando totalmente lo expedito
del proceso actual. Asimismo, el TFJFA no está de ninguna manera especializado
en materia de transparencia, ya que cuenta con una amplia competencia sobre asuntos fiscales y administrativos. Tampoco es imparcial
o autónomo
, ya que forma parte de la misma administración pública federal que sería parte del procedimiento de revisión.
En su resolución en 2008 del caso de las contra-reformas en Querétaro que buscaban unir al órgano de transparencia con la oficina del ombudsman local, la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue muy clara en que los organismos garantes en materia de transparencia deberían contar con plena autonomía y dedicarse exclusivamente a su materia. Al proponer la sentencia que eventualmente sería aprobada por el pleno de la Corte, la ministra Margarita Luna Ramos afirmó de manera contundente que un instituto, sobre todo de acceso a la información, debe mantenerse de manera autónoma e independiente respecto de cualquier otra dependencia
.
En lugar de buscar nuevas vías para limitar la fuerza e independencia del IFAI, habría que ir precisamente en el sentido contrario. El IFAI actualmente forma parte del Poder Ejecutivo federal y no cuenta con facultad alguna de sanción contra funcionarios que incumplen con sus resoluciones. Urge ya dotar a este instituto de plena autonomía constitucional, así como de poderes de sanción administrativa directa. Este tipo de diseños legales ya existen en entidades como el Distrito Federal, Tabasco, Michoacán y Chihuahua, entre otras.
La buena noticia es que esta nueva intentona del gobierno federal constituye una buena coyuntura para que los integrantes de la comunidad pro transparencia del país se unan y cierren filas. En lugar de quedarnos con los brazos cruzados esperando la llegada de la iniciativa del Presidente, habría que pasar de la denuncia a la acción y elaborar desde ahora una propuesta para una nueva Ley Federal de Transparencia que cumpla tanto con el texto constitucional como con las expectativas ciudadanas.
Los avances que hoy existen en la Constitución y en la ley no fueron un regalo del gobierno de Vicente Fox, sino que surgieron en primer lugar de las demandas ciudadanas y la presión que se ejerció desde el poderoso Grupo Oaxaca, integrado por destacados periodistas, académicos y grupos sociales. Hoy, la voz ciudadana lamentablemente se encuentra diluida y dividida. Urge que de una vez por todas salgamos de este largo letargo y superemos nuestras diferencias para unir esfuerzos en una nueva coalición que con fuerza y contundencia auspicie las reformas que necesitamos para la rendición de cuentas y la verdadera democratizacion de nuestra vida pública.
Justicia para Valentín Valdés.
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