uera de los relevantes temas que tienen que ver con la institucionalidad y la democracia, la crisis económica y el desempleo, los problemas dominantes de la agenda centroamericana para este año estarán necesariamente relacionados con la seguridad ciudadana. El año que concluyó fue trágico en este sentido, con el repunte del tráfico de drogas y la multiplicación del número de delitos, principalmente los homicidios, y nada hace suponer que habrá un cambio dramático hacia la mejoría de estos saldos literalmente en rojo.

En las elecciones presidenciales de Costa Rica, en febrero próximo, es probable que por primera vez resulte electa una mujer, Laura Chinchilla, la candidata del Partido Liberación Nacional (PLN) en el gobierno, y no es casual que haya ocupado el cargo de ministra de Seguridad Pública, ofreciendo ahora en su programa un combate eficaz contra los homicidios, asaltos, secuestros y robos a mano armada, para no hablar de la penetración de los cárteles de la droga que utilizan al país como un puente, igual que ocurre con el resto de las naciones centroamericanas, dada su estratégica posición geográfica.

El repunte en las encuestas del candidato del Movimiento Libertario (ML), Otto Guevara Guth, situado más a la derecha que Laura Chinchilla, hasta colocarse en el segundo lugar de las preferencias, tiene que ver también con su declaratoria de guerra al delito, que, como se ve, es el tema más sensitivo en la mente de los electores, en un país que hasta ahora ha sabido vender su imagen de democracia segura. Guevara Guth ha prometido, nada menos, que declarar la seguridad ciudadana como estado de emergencia, algo que rebasa la institucionalidad democrática cuyo ejercicio ha sido consagrado por décadas en el país.

En Nicaragua, donde el presidente Daniel Ortega se halla ya en campaña en busca de la relección en los comicios de 2011, para lo que hizo cambiar de un solo golpe la Constitución política por decreto de su Corte Suprema de Justicia, los cárteles de la droga siguen prosperando, sobre todo en la costa del Caribe, pese a los repetidos golpes sufridos a manos de la Policía Nacional y del ejército. A comienzos de diciembre se reveló lo que muchos sospechaban, que los cárteles colombianos y mexicanos se han apoderado de poblados enteros en el litoral atlántico, cuando hombres armados atacaron a patrullas combinadas de la marina y de la policía desde la olvidada y miserable aldea costanera de Walpa Siksa, cercana a la barra del río Prinzapolka. Las patrullas llegaron en busca de una avioneta que había aterrizado en la zona cargada con 800 kilos de cocaína, y después del hecho sangriento, en el que perecieron varios militares, la narcoaldea quedó desierta de todos los hombres, que huyeron por la selva.

En Honduras, El Salvador y Guatemala, además del problema de la presencia de los cárteles, está el de las maras, las pandillas juveniles que dominan barriadas completas por medio de métodos gansteriles, y que suman a su cuenta decenas de asesinatos y actos de agresión, muchos de los cuales quedan en la impunidad. En El Salvador, donde el presidente Mauricio Funes se esfuerza por conquistar espacios democráticos en medio de una sorda pugna con la cúpula del partido guerrillero que lo llevó al poder, el Frente Farabundo Martí (FMLN), durante 2009 se produjo una media diaria de 13 homicidios, gran parte de ellos atribuidos a la Mara Salvatrucha y a la Mara 18, una cifra que coloca al país a la cabeza de los más violentos del mundo.

En Honduras, donde las denuncias de violaciones a los derechos humanos son constantes, y la presencia violenta de las pandillas inconmovible, el dado de la suerte democrática quedará sobre el tapete una vez que tome posesión el nuevo presidente Porfirio Lobo, del conservador Partido Nacional, fruto de unas elecciones cuestionadas internacionalmente; esta debilidad, al faltarle el reconocimiento de países clave, tendrá que ver con estabilidad interna necesariamente, y seguramente su principal tarea será buscar cómo revertirla.

Y en Guatemala, asolada por la violencia, los maras, la miseria rural extrema y la penetración constante de los cárteles de la droga en la vida institucional y social, y donde el presidente Manuel Colom debe saltar sobre una red llena de huecos para apuntalar la supervivencia del Estado democrático, otra vez la víctima favorita han sido las mujeres, cuando más de 700 fueron asesinadas a lo largo del año recién terminado.

Una red llena de huecos no sólo en Guatemala, sino en toda la región, donde al lado de la pobreza la inseguridad sienta sus reales.

Masatepe, enero 2010.

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