Ciudad Juárez, Chih., 9 de enero. Decenas de activistas efectuaron una caravana de vehículos para exigir al gobierno federal atraer las investigaciones del asesinato el pasado 3 de enero de la activista de derechos humanos Josefina Reyes Salazar.

A una temperatura de dos grados bajo cero, la protesta partió de la tumba de Reyes Salazar, en su natal municipio de Guadalupe, Distrito Bravo, distante 60 kilómetros de Ciudad Juárez, hasta las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) en esta localidad.

Decenas de agentes federales y militares protegieron también la delegación de la PGR para evitar el ingreso de los manifestantes y toma de las oficinas, lo que aparentemente era su intención, dijo uno de los uniformados que portaba rifle de asalto, pistola y equipo para disolver manifestaciones.

Judith Galarza Campos, vicepresidenta ejecutiva de la Federación Internacional de Familiares de Personas Desaparecidas (Fedefam), grupo con carácter de consultor de la ONU, dijo que este crimen es de Estado, al igual que muchos otros cometidos por militares vestidos de civiles, que son parte de un grupo paramilitar que el gobierno mexicano ha formado para sofocar cualquier foco rojo que pudiera generar inestabilidad social.

Con el pretexto de combatir al narcotráfico, agregó, “el gobierno de Felipe Calderón formó un grupo paramilitar similar a los halcones –que agredieron a estudiantes en la ciudad de México el 10 de junio de 1971–, con soldados entrenados en la Escuela de las Américas, que se ubica en Georgia, Estados Unidos, bajo el auspicio del gobierno de aquel país y firmas trasnacionales a fin de proteger los intereses de las empresas más poderosas económicamente”.

Eso explica, agregó, que “una humilde mujer dedicada a la elaboración de pan junto con toda su familia, que denunció permanentemente las atrocidades que militares y policías federales han cometido en todo el estado, desde que se aplicó el Operativo Conjunto Chihuahua, que ha fracasado, haya sido ejecutada tratando de simular que los responsables eran narcotraficantes”.

Otro de los crímenes aquí fue el de Alma Gómez, por denunciar las atrocidades de militares.