Cuernavaca, Mor., 8 de enero. Acribillaron a Ignacio, lo despedazaron totalmente. Sólo sus pies quedaron enteros, y tuvimos que recoger del piso las otras partes del cuerpo, relató entre sollozos Andrea Martínez Jaimes, esposa del civil muerto el pasado 16 de diciembre en esta capital, durante el operativo de la Marina en que murió El jefe de jefes, Arturo Beltrán Leyva.

“Pensé hallarlo con un tiro, no como lo dejaron. Él era una persona honrada, pero las autoridades dijeron que era un delincuente, que figuraba en el cártel de los Beltrán. Por eso exijo que se limpie su nombre, que las autoridades investiguen y se aclare todo, porque ahora estamos en peligro y mis hijos y yo tememos que nos maten.”

En conferencia de prensa, junto a Othón Sánchez Vela (Panal), presidente de la mesa directiva del Congreso estatal; y Fernando Paz Pallares, hermano de Francisca –quien recibió dos tiros en las piernas durante ese operativo en los edificios Altitude– la mujer abundó: Siempre trabajamos en una tortillería y ahora tenemos un dolor muy grande porque nos desgraciaron la vida.

Sánchez Vela deploró que ninguna autoridad quiera recibir a los familiares de las víctimas, a quienes se añade el ahora viudo de Patricia Terroba de Pintado, la civil muerta de hasta 180 balazos el 11 de diciembre, en el operativo de la Marina en el fraccionamiento Limoneros de Cuernavaca, donde tenían una preposada los Beltrán Leyva.

Exigió que se paguen los gastos médicos de la herida y se repare el daño moral a los familiares de Aguilar y Terroba. Hubo serios errores, omisiones y violaciones a las garantías individuales; y trascendió que el 16 de diciembre se ordenó mantener acuartelados a policías estatales y municipales, dijo.

Informó que el Congreso local pidió un informe de los hechos al gobernador Marco Adame y, de ser necesario, será llamado a comparecer, además de que se propondrá que el presidente Felipe Calderón haga lo mismo ante el Congreso de la Unión, para que explique los operativos y se finquen responsabilidades a la Marina.

Junto con la viuda de Aguilar, el hermano de Paz Pallares y a nombre de los deudos de Terroba de Pintado, el diputado exigió que las autoridades apliquen medidas preventivas para impedir más muertes de inocentes.