Los 31 ex funcionarios estatales y municipales de Michoacán presos desde junio pasado en un penal de alta seguridad de Nayarit, acusados de presuntos nexos con el narcotráfico, fueron reubicados este viernes en el penal David Franco Rodríguez, conocido como Mil Cumbres, donde continuarán con el proceso que enfrentan.

A las 15 horas de ayer, más de 20 patrullas de la Policía Federal escoltaron los dos autobuses que trasladaron, del aeropuerto de Morelia a la prisión, a Miguel García Hurtado, ex procurador de Justicia, y a Citlalli Fernández, ex secretaria de Seguridad Pública.

También fueron trasladados Mario Bautista, ex director de la policía estatal; Jaime Liera, juez de Zacapu; varios comandantes y policías ministeriales, así como siete presidentes municipales.

A las 15:20 los procesados por presuntamente proteger a miembros del crimen organizado ingresaron al penal de mediana seguridad de Mil Cumbres, ubicado en el municipio de Charo, a 8 kilómetros de la ciudad de Morelia.

Familiares de los ex servidores públicos fueron quienes pidieron la reubicación, pues en el penal de El Rincón, en Nayarit –aseguraron– les fueron violadas sus garantías individuales.

Al respecto, el secretario de Gobierno, Fidel Calderón Torreblanca, dijo que los 31 ex funcionarios no tendrán privilegios, pero se respetarán sus derechos fundamentales, por lo que se estudia el área en la que serán internados.

El gobernador michoacano, Leonel Godoy Rangel, reiteró su posición de que se castigue a los responsables y se pida una disculpa pública a los inocentes, una vez concluido el proceso.

El concejo ciudadano que gobierna el municipio de Tancítaro, Michoacán, tras la renuncia del alcalde y los integrantes del cabildo, despidió a los 60 policías municipales, porque no cubrieron las expectativas, pues en una semana han ocurrido dos ejecuciones, informaron fuentes de la Procuraduría de Justicia local. Trascendió que el despido de los uniformados se debe a la poca confianza que les tienen los lugareños.

En tanto, el presidente del concejo, Gustavo Sánchez Cervantes, dijo que ahora se encargarán de la seguridad los militares y policías federales que resguardan la zona desde el pasado 4 de diciembre, cuando por amenazas del crimen organizado dimitieron el alcalde José Trinidad Meza Sánchez, el síndico y los regidores.

Al menos 37 muertes vinculadas al crimen organizado y dos levantones reportaron ayer, en conjunto, corporaciones policiacas de los estados de México, Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Baja California, Guanajuato y Michoacán.

En Chihuahua ocurrieron 16 ejecuciones, de las cuales 11 se perpetraron en Ciudad Juárez.

En Sonora, siete personas murieron y cuatro resultaron heridas en atentados de miembros del crimen organizado y choques de éstos con policías en Nogales, Hermosillo y San Luis Río Colorado.

En Culiacán, Sinaloa, policías municipales encontraron el cadáver de Miguel Ángel Torres Carrillo –hijo de Leticia Carrillo, gerente de la empresa radiofónica Grupo Acir–, con impactos de bala. El joven, de 23 años, fue levantado el pasado 30 de diciembre.

Mientras, en un casino de esa capital, un agente murió y otro resultó herido en un tiroteo con presuntos sicarios que irrumpieron en el sitio y levantaron a dos personas. El policía Gerardo Iván Carrillo falleció de un paro cardiaco. La jornada violenta en Sinaloa cerró con tres muertes más en hechos distintos.

De los nueve homicidios restantes, tres se cometieron en el estado de México, otros tantos en Baja California, dos en Guanajuato y uno en Michoacán, mientras que en Colima el Ejército decomisó en la comunidad rural de Piscila un narcolaboratorio.