e ha despertado recientemente –o quizá no ha dejado de estar presente– interés por los mecanismos de administración y procuración de justicia en la ciudad de México. Hace unos días el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) publicó una estadística derivada de entrevistas a reos recluidos en penales de la zona metropolitana que, por supuesto, resultó adversa a las autoridades. No hay reo que no diga, con o sin razón, que hay injusticia o irregularidades en su caso.
Por otro lado, en varios campos relacionados con este tema, en la ciudad de México se están llevando a cabo esfuerzos serios y constantes, aunque no tan rápido como quisiéramos los ciudadanos, en busca de mejoras y erradicación de vicios. En mi colaboración anterior mencioné un caso de policías investigadores (judiciales) que actuaron bien y rápido en un robo, y a partir de ese hecho elogié la preparación que se les da a los nuevos elementos por conducto del Instituto de Capacitación, dependiente de la procuraduría del Distrito Federal.
José Lavanderos, jurista distinguido y defensor de derechos humanos, replicó señalando vicios y fallas de esos servidores públicos, tan frecuentemente blanco de críticas y no pocas veces de prejuicios. Alguien mató un perro y a su familia le dicen los mataperros.
Estoy en la política hace ya muchos años por dos razones: creo que las cosas están mal en nuestra sociedad, pero creo también de cierto que los seres humanos somos perfectibles y, por tanto, también lo son las sociedades que formamos.
El abogado Lavanderos tiene razón en señalar que en este campo de la investigación de los delitos falta mucho por hacer, pero, por mi parte, tengo derecho a enfatizar lo que de positivo ya se ha hecho.
Me consta que así como en la procuraduría, en el Tribunal Superior de Justicia y en la defensoría de oficio se están dando pasos para mejorar las cosas. En el tribunal hay una voluntad de reorganizar y cambiar para dar espacios más dignos a los juzgados y modificar prácticas anacrónicas para modernizar la administración de justicia. En la defensoría de oficio, reconociendo las carencias con las que se trabaja, se dan pasos firmes para el control de los casos a su cargo y para la capacitación de los abogados, entre los que hay muy competentes y responsables.
¿Cómo podemos avanzar? La crítica es necesaria, pero también lo es reconocer lo que de positivo se hace; a fin de cuentas así es la dialéctica: lo que se avanza o lo que se retrocede en materia social depende de muchos factores, algunos de ellos internos, pero otros externos como son los miembros del foro, las organizaciones no gubernamentales y los centros académicos, como el CIDE.
Es importante, de cualquier manera, insistir en un debate que no se ha dado con la amplitud suficiente; hay una tendencia a que nuestros sistemas de justicia y de investigación de los delitos sean una calca de las estructuras de Estados Unidos, en ello poderosas fundaciones y colegios de profesionistas de nuestros vecinos han hecho aportaciones cuantiosas, otorgado becas y organizado foros en apoyo de programas como el de los juicios orales y dar espacio a críticas exageradas y tendenciosas de nuestros procedimientos.
Frente a esta actitud está la de quienes defendemos la posibilidad de un proyecto propio; nuestro sistema de administración de justicia, de prosapia latina, heredó instituciones lo mismo de las antiguas leyes españolas que de la codificación napoleónica del siglo XIX. Ciertamente estos procedimientos que tienen arraigo en el foro y en la cultura mexicana deben ser modernizados y limpiados de vicios y corruptelas; para ello, por supuesto, no será necesario echar todo por la borda y volver a empezar como si nada sirviera y como si no tuviéramos nosotros capacidad de corregir sin apoyos y presiones externos nuestras instituciones.
