uando se ha cumplido una década de la batalla de Seattle, punto de partida del movimiento contra la globalización neoliberal en el primer mundo, y nos acercamos al décimo aniversario del primer Foro Social Mundial, los movimientos políticos y sociales latinoamericanos atraviesan enormes dificultades que van desde la criminalización de la protesta hasta una ofensiva mediática e ideológica de las derechas. En consecuencia, su aislamiento y las dificultades para organizar a nuevas camadas de pobres crecen sin cesar, agravadas por la expansión de las políticas sociales de los estados.

Los medios están jugando un papel de primer orden. Apenas una muestra. La revista brasileña Veja (19 de diciembre), enemiga de todo lo que huela a popular, acaba de publicar un informe en el que afirma que el Movimiento sin Tierra (MST) es el movimiento social más odiado de Brasil. En base al manejo parcial de datos de una encuesta realizada por Ibope, afirma que existe en el país un amplio rechazo al MST, cuyas acciones califica de bandidismo y vandalismo. Por cierto, Veja mantiene una larga tradición de criminalización de los sin tierra, así como de la pobreza en general. Pide mano dura, represión y cárcel para los campesinos organizados, a los que en varias ocasiones asimila al narcotráfico.

Los intelectuales también hacen de las suyas. La séptima Carta Abierta de un amplio grupo de intelectuales progresistas argentinos siembra dudas sobre la legitimidad de la protesta social. Carta Abierta surgió en 2008 para incidir en el conflicto entre los productores agropecuarios y el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con el objetivo de enfrentar a la derecha y apoyar al gobierno. La movilización social no puede considerarse sin situarla, en cada momento, bajo las preguntas de su condición y legitimidad, puede leerse en la pieza difundida hace pocos días (Página 12, 22 de diciembre). “Ninguna de esas prácticas –agregan los intelectuales– está eximida del riesgo de caer en alguna forma de cooperación involuntaria con la destrucción de la vida colectiva”.

Dos hechos llaman la atención. Intelectuales que hasta hace poco tiempo apoyaban de modo incondicional a los movimientos, ahora dudan de su legitimidad. Y se permiten polemizar con ellos en los medios. El papel de los intelectuales comprometidos, siempre fue el de acompañar críticamente, o sea, formulando las diferencias en el contexto del propio movimiento, no ventilándolas en los medios. Esta actitud los coloca a distancia, digamos arriba y a la derecha de los movimientos. Por el contrario, las críticas a los gobiernos son apenas superficiales.

¿Cómo se puede abandonar la crítica cuando los llamados gobiernos progresistas no han encarado ninguna reforma estructural y se conforman con aplacar la protesta con políticas compensatorias? Para el MST, 2009 fue el peor año para la reforma agraria en el contexto de una correlación de fuerzas muy adversa. Joba Alves, de la coordinación nacional del MST, lo resume así: El gobierno federal hizo una opción clara por el agronegocio como modelo a ser aplicado en el campo brasileño y ha actuado con poco interés por la reforma agraria, que está siendo tratada como política compensatoria y sólo es aplicada en situación de conflicto social, no como política de Estado para combatir el latifundio y la concentración de la tierra (mst.org.br del 28 de diciembre). Sería ilusorio pensar que es un caso aislado.

Cuando las reformas estructurales por las que lucharon y dieron su vida generaciones de militantes se convierten en políticas compensatorias para aplacar conflictos, es porque algo ha tocado techo. Se impone reflexionar y prepararse para producir un viraje de largo aliento. En estos mismos días se está produciendo un interesante debate en Brasil (ihu.unisnos.br, de noviembre, página web del Instituto Humanitas Unisinos), sobre lo que algunos denominan el fin de la era de los movimientos sociales. El sociólogo Rudá Ricci, uno de los que intervienen en el debate, sostiene que vivimos una estatización de la sociedad civil, cuyo mejor ejemplo es el del movimiento sindical que forma parte del bloque de poder junto al capital financiero y las multinacionales brasileñas.

Una cuestión de la mayor importancia, que surge de ese debate, es la creciente diferenciación entre movimiento social y organización social. Mientras aquellos se organizan sin jerarquías en torno al conflicto como práctica política cotidiana, las segundas tienen jerarquías, presupuesto fijo, fuentes de recursos regulares, formación política y técnica propia, equipamientos y sector administrativo, según detalla Ricci, quien se desempeña como asesor sindical y profesor universitario. El modelo que siguen estas organizaciones sociales es el de las organizaciones no gubernamentales, con las que mantienen estrechas relaciones de cooperación y de las cuales han interiorizado conceptos como sociedad civil y prácticas que buscan sustituir, sistemáticamente, el conflicto por las pláticas en espacios asépticos. Surge así un modo de hacer política de carácter burocrático, neutro, sin las urgencias ni las rabias de los de abajo, un estilo tecnocrático, para los de abajo pero sin ellos.

Veinte años después del Caracazo que puso en marcha el proceso bolivariano y 16 años después del Ya basta zapatista, parece evidente que una era de los movimientos está llegando a su fin. La trasmutación de movimientos en organizaciones jerarquizadas y cooptadas, sometidas a los gobiernos y a la cooperación internacional, ha jugado un papel decisivo en la clausura de ese periodo. Aprender cómo fue el proceso puede resultar útil para quienes creemos que las dificultades actuales están lejos de representar el fin de los movimientos y son apenas un recodo en el camino. Recuperar aquel estilo horizontal, aquellos modos rebeldes y subversivos, será una señal de que un nuevo ciclo está naciendo. Lo central, no obstante, será recobrar la centralidad del conflicto –y no sólo de la movilización– como eje articulador de los movimientos, de la organización y la conciencia de los de abajo.