Santiago, 8 de enero. El candidato derechista Sebastián Piñera, favorito para ganar la segunda vuelta electoral de las elecciones presidenciales de Chile el próximo 17 de enero, señaló que en un eventual gobierno suyo no se considerará pecado haber desempeñado cargos en la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990), posición que generó polémica.

La verdad es que el hecho de haber trabajado para un gobierno, incluyendo el gobierno militar, no es pecado ni es delito; lo que es pecado son los que cometieron delitos, por ejemplo los que atropellaron los derechos humanos, dijo Piñera en entrevista con Televisión Nacional de Chile.

El candidato mostró un giro ante una postura inicial frente al tema, cuando señaló que es poco probable integrar en su eventual equipo de gobierno a ex colaboradores de Pinochet, contradiciendo a su jefe de campaña, Rodrigo Hinzpeter, quien cerró la puerta a cualquiera que hubiera tenido un cargo en el régimen militar.

La mayoría de los cercanos colaboradores de Piñera formaron parte de la dictadura que por 17 años encabezó Pinochet, aunque en cargos de menor rango, como el ex alcalde de la rica comuna de Las Condes, Joaquín Lavín, quien colaboró con la dictadura militar en materias económicas.

Piñera, quien compite por segunda vez, es el favorito para adjudicarse la victoria. Según los sondeos le dan entre 46 y 48 por ciento, frente a 40 por ciento del oficialista Eduardo Frei.

En tanto, Frei dio hoy un paso clave para sellar un pacto con el líder independiente Marco Enríquez-Ominami y vencer en la segunda vuelta del 17 de enero.

Frei, a quien todas las encuestas dan por perdedor ante Piñera, logró el apoyo explícito del senador Carlos Ominami. El gesto del legislador es interpretado como un primer paso para que su hijo, el diputado Marco Enríquez-Ominami, otorgue su respaldo a Frei, a quien calificó de mal menor.

Frei, ex presidente entre 1994 y 2000, confirmó además que insistirá en su giro a la izquierda como estrategia para derrotar a Piñera y aseguró que intentará derogar la Constitución heredada de la dictadura militar y respaldará en ese lapso los juicios por violaciones a los derechos humanos.