Cuernavaca, Mor., 6 de enero. Los efectivos de la Secretería de Marina que realizaron operativos en Cuernavaca en la primera quincena de diciembre –incluido uno en el que falleció el supuesto narcotraficante Arturo Beltrán Leyva– incurrieron en errores, omisiones y violaciones a los derechos humanos, debido a que en cada acción acribillaron a un civil que desafortunadamente pasaba por ahí, dijo hoy Fausto Gutiérrez Aragón, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Morelos (CEDH).

En el fraccionamiento Altitude –donde murió el llamado Jefe de jefes el 16 de diciembre–, pereció el comerciante Ignacio Aguilar Rodríguez; en el operativo de Limoneros, ocurrido cinco días antes, fue acribillada Patricia Terroba de Pintado, quien recibió 180 impactos de bala presuntamente de los marinos, aseveró.

Por estos hechos, el ombudsman demandó al comandante supremo de la fuerzas armadas, Felipe Calderón, que frene a marinos y militares, porque pareciera que tienen licencia para matar a cualquier persona, y que eviten realizar operativos donde no haya coordinación con las autoridades estatales y municipales, ya que tampoco se toman las medidas preventivas para no afectar a terceras personas, como ocurrió en los casos mencionados.

“(Los marinos) ni siquiera bloquearon la circulación vehicular donde realizaron sus acciones, lo que permitió que las demás personas –que no saben que se lleva a cabo un operativo– sigan circulando, y al no pararse cuando les indican los marinos les disparan; por ejemplo, la señora Patricia Terroba (que) recibió 180 balas”, aseguró en una entrevista.

Interrogado acerca de si Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública federal, debería comparecer ante el Congreso de la Unión, opinó que fueron marinos los que realizaron el operativo y en todo caso deberían ser citados el secretario de la Marina o el de la Defensa Nacional.

A raíz de esos operativos, dijo, la CEDH ha turnado ocho quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, entre las que destacan la muerte de dos civiles, y espera que todas prosperen.

Otra queja en el operativo de Altitude es de una vecina que al pasar en su auto por la avenida Poder Legislativo fue herida de dos balazos en una pierna.

Otro residente de Altitude acudió a la CEDH para integrar una queja, pues afirmó que su departamento y aparatos electrodomésticos sufrieron daños por los balazos y explosiones que hubo en la torre que habita.

Las otras cuatro quejas son porque militares catearon viviendas de vecinos en busca de integrantes del cártel de los Beltrán Leyva.

El ombudsman solicitó al gobernador Marco Antonio Adame que sea más exigente con el gobierno federal para que evite que militares y marinos sigan violando las garantías individuales de civiles en el estado.