La presidenta Cristina Fernández de Kirchner le pidió la renuncia al titular del Banco Central, Martín Redrado, quien rehusó renunciar al alegar que es el Congreso quien debe destituirlo. La mandataria decretó la desclasificación de toda "la información y documentación vinculada con el accionar de las Fuerzas Armadas" durante la pasada dictadura militar, en un intento por evitar obstáculos a los juicios por violaciones a los derechos humanos.

En el primer caso hubo un fuerte revuelo y una inmediata reacción del arco opositor de la derecha que habla de un "avasallamiento" del Ejecutivo y sus dirigentes lanzaron una fuerte ofensiva contra la decisión. También reaccionaron los mercados con baja de la bolsa y aumento del dólar.

El jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri de la derechista Propuesta Republicana, quien despidió a varios funcionarios a escasos días de su nombramiento, por el rechazo masivo a estos, reclamó a la mandataria que respete la independencia del Banco Central.

Según informes Redrado se niega a renunciar y el Gobierno amenaza con ir a la Justicia.

El argumento opositor es que la renuncia le fue pedida porque se niega a liberar las reservas que el Ejecutivo quiere usar para el pago de la deuda externa.

Redrado fue titular entre 1991 y 1994, durante el gobierno del ex presidente Carlos Menem de la Comisión Nacional de Valores y luego secretario de Educación Tecnológica. Ocupó luego otros cargos y colaboró con e ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, quien está en la disidencia peronista al gobierno. Está vinculado a la banca internacional y es considerado como un chicago boy por sectores progresistas que criticaban su presencia en esa institución clave para el país., y su nombramiento al frente del BC en 2004. En 1994 creó la Fundación Capital, para asesorar en materia de diseño de políticas públicas y es reconocido en ciertos ámbitos como un "Think Tank" liberal. Lo que pocos o ningún medio dice, es que la dirigencia de derecha que apoya a Redrado tiene temores de que parte de estas reservas sean derivadas al fondo común del Banco del Sur,creado en el marco de la integración de América Latina en la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR).

Imagen de archivo de Martín Redrado, titular del Banco Central, a quien la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner le pidió la renuncia, que éste se niega a entregarFoto Reuters

Por su parte el ministro de Economía, Amado Boudou, advirtió que las políticas económicas las lleva un gabinete y las decide la Presidenta. Tienen que ver con la institucionalidad, no son cuestiones de nombres. Durante una conferencia de prensa. Sostuvo que resulta “curiosa “esta especie de alianza en contra de un medida que tiene la mayor racionalidad y la mayor certeza (…). La pregunta que cabe es qué intereses, qué ideales persigue este conjunto de dirigentes. Pareciera ser que lo que buscan es el máximo nivel de incertidumbre, el máximo nivel de endeudamiento y la máxima tasa de interés", señaló.

Otros funcionarios defendieron la creación oficial del Fondo del Bicentenario mediante un decreto de necesidad y urgencia, que debe ser ratificado o no por el Congreso.

También causó remezón en los sectores ligados a la pasada dictadura el decreto presidencial 4/2010 que fue publicado hoy en el Boletín Oficial, y que determina el relevamiento "de toda aquella información y documentación vinculada con el accionar de las Fuerzas Armadas durante el período comprendido entre los años 1976 y 1983".

Se exceptúa la información y documentación relativa al conflicto bélico del Atlántico Sur y cualquier otro conflicto de carácter interestatal", y también a aquella información de inteligencia estratégica militar que contempla la Ley de Inteligencia Nacional.

En el texto se especifica que la disposición responde también a lo solicitado por el Juzgado Federal número 1 de La Plata, en relación a una causa sobre denuncia de Centros clandestinos de Detención. Además se indica que la reapertura de las causas por violaciones a los derechos humanos generó el requerimiento de una gran cantidad de información y documentación relacionada con el accionar de las Fuerzas Armadas y que mantener clasificaciones de seguridad “resulta contraria a la política de Memoria, Verdad y Justicia que el Estado Argentino viene adoptando desde el año 2003".